Claves para el desarrollo

México: país que retrocede
José Luis Reyna
2011-10-24 • Acentos

México ha perdido dinamismo económico. En contraste con otras economías del orbe, como las de Corea del Sur, Sudáfrica, China o Brasil, su economía se contrae, no se expande; se desdibuja con el paso del tiempo. Así lo demuestra un excelente artículo de Alberto Verdusco, publicada en este periódico (MILENIO Diario, 12/X/11). De acuerdo con sus datos, el sexenio de Felipe Calderón concluirá con pobres resultados económicos, los peores desde el periodo presidencial de Miguel de la Madrid (1982-1988). No es sorpresivo, por tanto, que la desigualdad haya aumentado y que el número de pobres haya crecido de manera significativa durante los últimos años. Sirvan como evidencia las cifras que proporciona el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (Coneval). Entre 2008 y 2010 el número de pobres aumento de 48.8 a 52.0 millones: casi la mitad de la población total (www.coneval.gob.mx)

En el mismo lapso, cuatro millones de mexicanos se sumaron a la población que padece inseguridad alimentaria en el país. Las cifras, del Coneval, son contundentes: las personas ubicadas en carencia alimentaria severa y moderada pasaron de 23.9 a 28 millones (Reforma, 16/X/11). Pueden ofrecerse hipótesis diversas para explicar este grave deterioro que nuestro país padece. La mejor de ellas se encuentra en que la economía nacional no tiene los incentivos para despegar: está pasmada. Para empezar, tomando como base los datos de Verdusco, el último sexenio presidencial en que el producto interno bruto (PIB) creció más de 6 por ciento fue entre 1976 y 1982: eran los años de López Portillo. Durante esta administración, sin embargo, se incubaron los detonantes para que, en el sexenio de su sucesor De la Madrid, el PIB se desplomara a un mísero 0.18 por ciento: el estancamiento profundo. Puede aducirse que los años 80 fue bautizada como la “década perdida de América Latina”, como concluyó en diversos estudios la Comisión Económica para América Latina (Cepal). Sin embargo, fue peor para México, si se le compara con otras economías de la región latinoamericana.

El sexenio de Miguel de la Madrid concluyó en medio de un caos económico y también político. La inflación rebasó cualquier expectativa: cifras de tres dígitos. El otrora poderoso partido de Estado se escindió para dar lugar a lo que se conoció como la Corriente Democrática, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas. Carlos Salinas (1988-1994) fue designado como el sucesor presidencial, bajo las reglas del priismo autoritario y ganó una cuestionada elección en 1988.

Salinas, cuya legitimidad era escasa al momento de asumir la primera magistratura del país, enarboló un discurso modernizador. El nacionalismo revolucionario se desvaneció y se emprendió la cruzada de que México tenía que ser parte de ese selecto club de naciones: el de “las grandes ligas”. El Tratado de Libre Comercio (TLC) fue una de esas iniciativas. Y, con éstas o sin ellas, el país tuvo un ligero despegue económico: del paupérrimo 0.18 por ciento del sexenio de Miguel de la Madrid, la economía repuntó a 3.91 por ciento durante el salinato. Un crecimiento modesto que no resolvió los grandes problemas del país como eran, y son, la pobreza y la desigualdad. Hay que reconocer que la inflación, uno de los peores flagelos para cualquier sociedad, se controló aunque durante ese sexenio tuvieron lugar crisis políticas de gran calado: los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu y el levantamiento de los zapatistas en Chiapas. Una, entre otras, de sus consecuencias: la brutal salida de capitales que tuvo lugar en 1994.

Ernesto Zedillo (1994-2000) fue el sucesor de Salinas. Heredó una economía que estaba “prendida con alfileres” y su error, como muchos dicen, fue haberlos quitado. Durante su primer año de gobierno el PIB se desplomó 6.7 por ciento, una de las peores cifras que registra la historia económica nacional contemporánea. No obstante, durante este sexenio el PIB en promedio creció 3.53 por ciento y hubo un año en que el incremento rebasó 7 por ciento. Si se comparan estas cifras con los incrementos que experimentó el PIB en los sexenios de Ruiz Cortines (1952-1958), López Mateos (1958-1964) y Díaz Ordaz (1964-1970) puede afirmarse que México, a finales del siglo XX, se encontraba ya en franca regresión. He aquí las cifras de crecimiento económico de esos tres sexenios: 6.42, 6.73 y 6.75 por ciento, respectivamente. La inflación oscilaba entre 1 y 2 por ciento y el ingreso per cápita se incrementó de manera significativa de 1955 a 1970. Fue la época en que se pensó que México pudo ser protagónico en el escenario internacional: la época del milagro mexicano.

Con Zedillo terminó la época del PRI, que si bien contribuyó a la estabilidad política y al crecimiento económico, también influyó para sembrar en el país muchos de los problemas que hoy tenemos. En el año 2000 vino la alternancia política que significaba una esperanza de que el bienestar pudiera alcanzarse por la vía democrática. Se trató de una esperanza efímera: Vicente Fox (2000-2006) tuvo como única política la del laissez-faire: dejar hacer, dejar pasar. Teniendo todos los elementos a su favor, la frivolidad e ignorancia presidenciales se manifestaron en muchos extravíos de los que vale mejor no acordarse y, para seguir con el tema y las cifras de Verdusco, el promedio de crecimiento del PIB durante los seis años del foxismo, el PIB creció un magro 2.15 por ciento. El sucesor de Fox, Felipe Calderón, dejará todavía peores cuentas en lo que se refiere al crecimiento económico: el PIB en sus seis años se estima que será de 1.87 por ciento, el peor desempeño de la economía desde la época de Miguel de la Madrid. No se olvida la enorme crisis global de 2008-2009. No se desdeña tampoco que las reservas internacionales han alcanzado cifras récord durante este sexenio y que la macroeconomía tiene fundamentos relativamente sólidos. Pero los problemas centrales del país ahí siguen. Y el crecimiento, económico en franco retroceso; habría que agregar en un entorno en extremo violento.

México requiere un crecimiento de 6 por ciento anual de su PIB para tener una economía saludable. Con los resultados que en los cinco últimos sexenios se han logrado, puede concluirse que México lejos está de avanzar y sí se encuentra en la senda de la regresión. Lo anterior exige, en esta compleja coyuntura, que el país tiene que repensarse y, sobre todo, tiene que replantearse. En 2012 tal vez lo sabremos.

Fundamentos y catástrofes
Orlando Delgado Selley
La crisis ha puesto de relieve que los principios económicos con los que se condujo al mundo en los años pasados resultaron esencialmente equivocados. Persisten, sin embargo, nociones ideológicas que señalan que para conocer la solidez de una economía sólo hace falta ocuparse de la evolución de la inflación, la balanza de pagos, las finanzas públicas y el sistema financiero. Si estas variables presentan comportamientos cercanos a los previstos, entonces los "fundamentos económicos" son sólidos. Esto es justamente lo que ha declarado por enésima vez el gobernador del Banco de México.

En verdad, los fundamentos económicos se refieren no sólo, y mucho menos exclusivamente, a variables monetarias y financieras, sino, y sobre todo, a variables que tienen que ver directamente con la situación de las familias y las empresas productivas. Empleo, producción y salarios son decisivos para conocer la situación de quienes hacen funcionar cualquier economía. Por esto, los "fundamentos económicos" tienen que incorporar la medida en que la fuerza de trabajo disponible en una sociedad está empleada, así como la remuneración que perciben por el uso de esa fuerza de trabajo.

Es cierto que el entorno económico está cada vez más complicado y que nos está afectando y lo seguirá haciendo en los próximos meses. Es cierto también que si en Europa no logran construir un acuerdo lo suficientemente amplio, que les permita enfrentar con medidas adecuadas y suficientes, la crisis de deuda soberana se profundizará impactando negativamente la economía global. Estados Unidos, por su parte, también enfrenta condiciones críticas que pueden llevarle a un mayor deterioro de su capacidad de crecimiento. Lo grave es que esta nueva fase de la crisis ya no podrá ser atacada con medidas fiscales, lo que hace que, en efecto, el riesgo de catástrofe es considerable.

Pero es más cierto aún que la economía mexicana tiene un mercado de trabajo en el que más de la mitad de la población económicamente activa está ocupada en actividades informales que carecen de prestaciones elementales, como seguridad social y jubilaciones. También es cierto que en el propio sector formal de la economía ha habido, y lo sigue habiendo, un proceso de precarización del trabajo, que atenta contra las condiciones en las que funcionan millones de asalariados. Además, los registros de los empleados en el IMSS y el ISSSTE se hacen con niveles salariales menores a los que efectivamente se reciben, con el fin de abaratar el costo salarial, lo que perjudica las condiciones en las que esos empleados se jubilarán.

A esto, que no hay duda que es una situación catastrófica para los trabajadores mexicanos, debe agregarse que las condiciones salariales no permiten que se cumpla con lo que expresamente mandata nuestra Carta Magna. De modo que para los trabajadores mexicanos, la economía mexicana independientemente de las dificultades externas, hace tiempo que está sumida en una verdadera catástrofe, explicada porque carecemos de fundamentos económicos sólidos. La preocupación gubernamental y de los autónomos del Banco de México se concentra en la evolución de la inflación, el tipo de cambio, las finanzas, dejando de lado los problemas del empleo, la producción y los salarios.

El desastre nacional es evidente para todos. Tiene que corregirse con medidas que generen nuevas condiciones de funcionamiento económico. Tiene que haber fundamentos económicos sólidos: en primer lugar, empleo adecuado y bien remunerado para todos; por tanto, segundo, crecimiento económico alto, sostenido y sustentable, y sólo después, inflación, balanza de pagos, finanzas públicas y sustentabilidad financiera. La experiencia brasilera muestra que es posible crecer y redistribuir el ingreso al mismo tiempo, promoviendo el sector externo y fortaleciendo simultáneamente el mercado interno; ajustar fiscalmente el presupuesto y controlar la inflación expandiendo el crédito de los bancos del gobierno. De modo que es posible actuar contra la catástrofe interna, sin dejar de ocuparse de la externa.

La educación superior, base del desarrollo
José Luis Reyna
2011-09-26 • Acentos

La educación superior es una de las condiciones necesarias para alcanzar niveles sostenidos de desarrollo. Aquellos países que han diseñado políticas públicas encaminadas al fomento de la enseñanza universitaria han experimentado procesos de desarrollo que los han catapultado a niveles superiores de bienestar. La educación superior, en particular, tiene una asociación estrecha con el conocimiento, y éste, a su vez, con el desarrollo de la economía, la ciencia y la tecnología. El mundo de hoy gira en torno de la ciencia. Hay que consolidar las licenciaturas para que los posgrados (maestrías y doctorados) sean palancas verdaderas para catapultar a un país determinado. China e India son ejemplos al respecto.

El problema no es de corte cuantitativo. No es suficiente formar una gran cantidad de recursos humanos “calificados” para que engrosen las filas del desempleo o se dediquen a una actividad que no corresponde a los conocimientos profesionales adquiridos. Para optimizar su desempeño es necesario, además de la construcción institucional de sedes universitarias, la participación de las empresas, públicas y privadas, que permitan la ubicación productiva de los profesionales. Para ello se necesita una política pública que contemple el mediano plazo. No tener una visión de futuro, cualquier inversión en educación superior es de poca utilidad.

Hoy en día existen, al menos, dos países latinoamericanos que han definido una política de educación superior cuyo objetivo es vincularla a un proyecto de desarrollo. El gobierno de Chile decidió hace poco más de dos años, crear un fondo de 6 mil millones de dólares para financiar los estudios de posgrado de 6 mil 500 estudiantes en las áreas de ingeniería, la ciencia y la tecnología (MILENIO Diario, 16/VI/08). Estos rubros disciplinarios son considerados como un área estratégica para impulsar el desarrollo, aspecto en que ese país sudamericano destaca sobre la media que tiene la región latinoamericana en su conjunto.

Brasil concibe la formación de recursos especializados igual que Chile. Para ello, el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff lanzó recientemente un programa que pretende importar miles de científicos extranjeros. Éstos van a sobrar en la actual coyuntura de recesión global: se estima que en la NASA, alrededor de 4 mil científicos se han quedado sin trabajo. Al mismo tiempo se promoverá la capacitación, a nivel de posgrado, de estudiantes brasileños en el exterior, en las mejores universidades del mundo. El objetivo es claro: fortalecer una economía que crece aceleradamente (Reforma, 7/VIII/11).

La importación de cerebros, junto con la formación de recursos nuevos, tendrían como destino áreas que son estratégicas para el desarrollo: ingeniería, matemáticas, física, química, tecnología aeroespacial, entre otras. Se tiene ya la idea de que Brasil, de acuerdo con opiniones de expertos en diversas áreas, es la nueva potencia virtual emergente; habrá que apuntalarla. Ha contribuido al respecto que la política conectada con el desarrollo y el conocimiento no ha variado en los últimos 16 años a pesar de que los presidentes, desde 1994, hayan provenido de partidos políticos cuyas plataformas ideológicas no necesariamente son coincidentes. La implicación de lo anterior es simple: se ha generado confianza entre los inversionistas de dentro y de fuera del país y, en la actualidad, este país sudamericano lidera el tamaño de la inversión extranjera directa. Y, sobre todo, hay consenso del rumbo del país, sin que éste se vea afectado por variaciones de su clase política. La mitad de los brasileños creen que su país estará mejor en 2012.

Los países que invierten más en investigación científica y tecnológica son los que tienen mayor producción científica y, a la vez, los que muestren las mayores tasas de crecimiento económico o son potencias económicamente consolidadas. Estados Unidos invierte 2.5 por ciento de su PIB en el rubro de la ciencia y, pese a la turbulencia actual, sigue siendo la economía más desarrollada del orbe. China, de acuerdo con la Academia de Ciencia Nacional del Reino Unido, superará a Estados Unidos en conocimiento científico en 2013. Su inversión en el área de conocimiento “duro” es de 1.4 por ciento de su PIB y las tasas de crecimiento, como es bien sabido, han oscilado, en los últimos lustros, entre 9 y 10 por ciento anual.

Brasil, bajo el gobierno de la presidente Rousseff, se ha propuesto invertir 2 por ciento de su PIB para 2014. En la actualidad dispone de 1.11 por ciento para el fomento de la investigación y el conocimiento. No es fortuito que, con esas metas, la instrumentación de políticas públicas relacionadas con el desarrollo convierta a ese país amazónico, en el corto plazo, en uno de los diez países más importantes en cuanto a producción de petróleo y consolide su desempeño como uno de los actores protagónicos en el escenario internacional actual.

México invierte un modesto 0.36 por ciento de su PIB en la ciencia y en la tecnología. No se encuentra, por tanto, entre los 15 países con mayor producción científica (patentes y artículos científicos publicados). Se encuentra por debajo de la media de crecimiento económico de la región latinoamericana. Y aunque la actual administración presidencial haya publicitado que en los últimos años se han creado 96 nuevas universidad y 811 bachilleratos, la falta de una política para canalizar a los egresados de esas instituciones al sector productivo no ha sido diseñada hasta el día de hoy.

En esta temporada política, en la que está en la mesa de la discusión la propuesta de un presupuesto de egresos, sería recomendable que los legisladores tengan en cuenta que la educación superior y sus efectos correspondientes pueden ser más importantes que los intereses de un partido o un grupúsculo político. Que puede ser tan importante como el presupuesto contra la inseguridad. La diferencia entre éste y el otro es que los efectos de aquél serán más perdurables.

La solución a Grecia la tiene Bill Clinton
Irene Selser
2012-02-22 • Fronteras

Es inevitable, cuando se escucha a Christine Lagarde apelar al “sacrificio” de los griegos ante otra oleada de drásticos —e inservibles— recortes en el empleo, los salarios, las inversiones sociales a fin de “asegurar la sostenibilidad y competitividad de la deuda”, asociar este escenario a las Programas de Ajuste Estructural (PAE) aplicados en América Latina en 1980-1990 por el FMI/Banco Mundial, cuyo objetivo nunca fue encaminar a la región hacia otro nivel de desarrollo, sino que ésta pudiera hacer frente en primer lugar a los intereses de una deuda extenuante mientras se estabilizaban las variables macroeconómicas según el mito neoliberal de que de ahí sale la “derrama” hacia los más pobres.

Cuando los Estados ya no pudieron honrar esos impagables compromisos, se alentó una política de privatizaciones masivas para dar respuesta, se dijo, “a los problemas de estancamiento”, que se derivaron sin embargo de los mismos PAE. Todo ello con el telón de fondo de un Estado cada vez más disminuido y amputado frente a mercados cada vez más desregulados e impúdicos, y una nueva clase político-financiera enriquecida súbitamente gracias a los sobornos de los consorcios licitantes.

Cifras del Banco Mundial hablan de que en 1990 América Latina ocupó el primer lugar mundial en privatizaciones (unas 900) por 100 mil millones de dólares; que tampoco se “derramaron” a la sociedad, sino que se destinaron para salvar a empresas bancarias y no bancarias en una operación que el economista Pepe Mejía llama “una gigantesca requisa”, que además supuso el despido en promedio de 30 por ciento de la fuerza laboral afectada; sin olvidar la amplia red de políticos yfuncionarios (e incluso de militares como en Perú) que se beneficiaron con los recursos de la privatización, lo que estímulo la corrupción endémica en AL, de la cual no ha sido ajena el narcotráfico.

Al respecto y aunque a toro pasado, es alentadora la revisión hecha por el ex presidente Bill Clinton (1993-2001) en su último libro Back to Work sobre la deriva de EU desde 1980 y cómo recuperar la preeminencia mundial. El eje de su reflexión, válido para AL y para Europa: la responsabilidad en el desastre de la “cantinela liberal” con su “ideología anti-Estado” y sus tres basas: satanización del Estado, de los impuestos y de los mercados regulados.

“La ideología anti-Estado nos encegueció”, acepta Clinton y propone una nueva acción determinante del Estado en la educación, infraestructuras, investigación y desarrollo. Por cierto la misma línea a la apuestan hoy la mayoría de los gobiernos de Sudamérica, con Brasil y Argentina a la cabeza.