La relación de las Iglesias y el Estado

Iglesia y educación
Soledad Loaeza
El presidente Calderón invitó a cenar a Los Pinos a los miembros de la jerarquía católica que están reunidos para celebrar la asamblea general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, cuyo tema central es un diagnóstico de la situación de la educación en México. Aunque no se planteó en esos términos, es previsible una nueva embestida de la Iglesia contra el artículo tercero, el cual nunca ha aceptado, pues no sólo establece el laicismo obligatorio en la educación, sino que efectivamente restringe su acción en ese terreno. Esta limitación ataca el corazón de la misión evangelizadora de la Iglesia, de ahí que sea un tema recurrente entre las autoridades eclesiásticas y el gobierno; y también materia de negociación entre las fuerzas políticas. Por ejemplo, después de la tortuosa elección presidencial de 1988, Carlos Salinas se comprometió con el entonces líder del PAN, Carlos Castillo Peraza, a reformar algunas leyes, entre ellas el artículo tercero, a cambio de lo cual Acción Nacional otorgaría un reconocimiento "por gestión" a los resultados oficiales de los comicios, que le habían dado el triunfo a Carlos Salinas. Se modificaron el artículo 5º, el 27, el 130, pero el artículo tercero se mantuvo intacto, quizá fue un homenaje de Salinas a su propia biografía, dado que se formó en escuelas públicas.

Hasta ahora, y pese a la transformación de las relaciones Estado-Iglesia que se inició en 1991 con la reforma constitucional que otorgó personalidad jurídica a las iglesias, ni los obispos ni el PAN –que desde que nació levantó la causa contra el laicismo obligatorio– se han atrevido a plantear directamente la reforma del artículo tercero. Es posible que no lo hayan hecho porque reconocen que es un tema divisivo e inflamable que es mejor dejar por la paz. De todas formas la Iglesia desempeña muchas tareas educativas: es propietaria de escuelas y universidades, tiene canales de televisión y estaciones de radio; varios religiosos son editorialistas en periódicos de prestigio, algunos obispos aparecen con frecuencia en las revistas de celebridades y estrellas de cine, y no hay duda de que los prelados son parte de la elite política, desde donde forman opinión.

Los argumentos que esgrimen los obispos para discutir el tema de la educación se refieren a los derechos humanos. Cautelosos, evitan mencionar al SNTE y a su lideresa, que de hecho ha sido su aliada, por ejemplo, la Iglesia estuvo detrás de la Guía de padres que Elba Ester Gordillo promovió en el gobierno de Vicente Fox, otro su aliado. Los religiosos también utilizan un argumento que pretende acogerse al principio mayoritario de la democracia, aunque se cae de débil, de viejo y de falaz: "Representamos 85 por ciento de la población, que según el censo de 2010 se declara católica", sostuvo Víctor René Rodríguez Gómez, secretario general de la CEM (La Jornada, 09/11/2011). Perdone usted, los religiosos, obispos y sacerdotes, en todo caso representan a Cristo, a la Iglesia, pero de ninguna manera a los ciudadanos que no los eligieron de nada y para nada. Además, no hay ninguna evidencia de que todos los que se declaran católicos, muchos de ellos porque fueron bautizados al nacer sin que nadie les preguntara su opinión al respecto, rechacen el laicismo obligatorio. Si ese 85 por ciento del que habla el señor Rodríguez Gómez tuviera la consistencia que le atribuye, entonces Acción Nacional habría establecido una hegemonía que haría palidecer de envidia al PRI.

Según Alfonso Cortés Contreras, obispo de Cuernavaca, la educación religiosa es un derecho humano de los padres. Y ¿dónde queda el derecho de los niños a educarse sin prejuicios y fuera del alcance de las flaquezas de religiosos que carecen de moralidad y abusan de ellos? En esa línea de argumentación el obispo morelense tendría que aceptar que es un derecho humano de las mujeres decidir cuántos hijos quieren tener y cuándo. Muchos son los temas que podemos catalogar como derecho humano, que son de la sola responsabilidad del individuo; por consiguiente, no hay razón para que el Estado intervenga en el ejercicio de ese derecho.

Mal momento escoge la Iglesia mexicana para ofrecer "su palabra y su compromiso" para mejorar la educación en nuestro país. Sus silencios sobre los escándalos de abuso sexual no bastan para hacernos olvidar el tema. Está obligada a reconocer estos crímenes –que no son simplemente pecados– en que incurrieron religiosos en nuestro país, pero también en Irlanda, en Estados Unidos, en Bélgica, entre otros, contra menores de edad que les habían sido confiados, precisamente para su educación. Las revelaciones de los últimos años sobre este tema tan penoso han erosionado la autoridad moral de la Iglesia. Hoy ¿quién manda a sus hijos a una escuela religiosa con la certeza de que va a recibir una educación con valores apropiados para enfrentar el mundo del siglo XXI?

Hace unos días el gobierno irlandés anunció el cierre de su embajada en el Vaticano. Por razones económicas, dijo. Sin embargo, las relaciones entre uno de los países más sólidamente católicos y el papado registraban agudas tensiones desde hacía meses, producto de serias diferencias a propósito de los numerosos casos de abuso sexual que han sido denunciados en Irlanda, muchos ocurridos hace medio siglo. Según el gobierno irlandés, la Iglesia obstruía las investigaciones; según el Vaticano, esta acusación es injusta. Sea como sea, la Iglesia atraviesa hoy un momento de crisis, uno de cuyos síntomas es su incapacidad para responder a las exigencias morales de los creyentes. En estas condiciones de debilidad, ¿de veras queremos que contribuya a la educación de nuestros niños?

La contrarreforma religiosa
Roberto Blancarte
2011-12-13 • Acentos

La Cámara de Diputados está a punto de aprobar la más grande contrarreforma religiosa y conservadora de los últimos 150 años. Será una contrarreforma que acabará con el Estado laico tal y como lo conocemos ahora y que dará paso, aunque lo nieguen tanto los actores políticos como los religiosos, a una etapa de reformas que podrían incluir la educación religiosa en las escuelas públicas, la posibilidad para las asociaciones religiosas de poseer y administrar medios electrónicos de comunicación y la abierta participación política y electoral de los ministros de culto. La puerta que se está abriendo es una reforma al artículo 24 de la Constitución, misma que cambiaría los términos de libertad de creencias y de culto por el muy ambiguo y equívoco de “libertad religiosa”. Lo trágico es que el partido que hará esto posible será nada más ni nada menos que el PRI, el cual al parecer apoyará con sus votos el objetivo que se propusieron los dirigentes del Episcopado católico y Felipe Calderón desde 2006.

¿Por qué la jerarquía católica querría cambiar el artículo 24 constitucional? Después de todo éste, que ya se cambió hace 20 años, parecería garantizar de manera cabal la libertad de cada quien para creer lo que quiera creer y para practicar su culto respectivo, con sólo algunas restricciones mínimas provenientes de la necesidad de mantener el orden público. El artículo en cuestión sostiene: “Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley”. Se agrega que “el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna” y que “los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos” y que “los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria”. En suma, el artículo en su actual redacción reconoce que cada quien puede creer lo que quiera creer y practicar su religión como quiera. ¿Por qué entonces el Episcopado católico se ha propuesto cambiarlo? La respuesta es simple: porque, a pesar de negarlo, en el fondo su objetivo es la educación religiosa en la escuela pública, la posesión de medios de comunicación electrónicos, la libertad para participar abiertamente en cuestiones no sólo políticas sino electorales y porque esa noción lo que sostiene básicamente es que ningún gobierno le puede poner trabas legales a las agrupaciones religiosas para su actuación. Los obispos apenas pueden ocultar —con un doble discurso— su proyecto a mediano y largo plazo.

Hace apenas un mes, en el marco de la 92 Asamblea Plenaria de la CEM, los obispos Víctor Rodríguez y Alfonso Cortés, secretario general y responsable de la pastoral educativa de dicho organismo, respectivamente, afirmaron que “el Estado tiene la obligación de dar educación religiosa a los niños y jóvenes si sus padres de familia así lo piden”. El obispo Rodríguez Gómez habría aclarado “que la Iglesia católica no pretende dar clases en las escuelas ni modificar la Constitución para incluir la religión en la educación” y que “tampoco promoverá la educación religiosa en las escuelas, ya que se puede impartir en las parroquias y en el seno de las familias”. Sin embargo, al mismo tiempo, el obispo Rodríguez habría recordado “que el corazón de la libertad religiosa consiste en que los padres puedan inculcar la religión que prefieran” y agregó que “la iglesia laica [es decir los fieles de la Iglesia que no son miembros del clero] no tiene la misma restricción y ella sí podría emprender todo el camino legislativo para conseguir que los padres de familia puedan obtener educación religiosa para sus hijos en las escuelas”. Y como para rematar acerca de lo que están realmente señalando, los obispos católicos, al final de su conferencia de prensa “insistieron en la necesidad de que el educando reciba una educación integral que incluye su formación en los valores de la verdad, el bien y la espiritualidad”. En otras palabras, los obispos católicos quieren introducir la llamada “libertad religiosa” a la Constitución, para después poder reclamar el derecho de los padres a educar religiosamente a sus hijos en la escuela pública. Y con ello le estaríamos diciendo adiós a la escuela y la educación pública, laica y gratuita en México.

Lo peor del caso es que el Episcopado, el gobierno de Calderón y ahora hasta el PRI justifican su posición bajo el argumento de que se tienen que alinear con los tratados internacionales y el respeto a los derechos humanos en ellos incluidos. ¿Pero desde cuándo, me pregunto, recibir educación en la escuela pública se convirtió en un derecho humano? ¿Desde cuándo se volvió un derecho humano que las Iglesias puedan poseer medios de comunicación electrónicos? ¿Cuándo decidimos que las restricciones a la actuación política de los ministros de culto son violaciones a los derechos humanos? ¿Qué nos los restringe también, por ejemplo el derecho canónico de la Iglesia católica? Me pregunto si detrás de este vuelco partidista están quizá las inconfesables promesas de la próxima campaña electoral.

Peña Nieto, el PRI y el Estado laico
Roberto Blancarte
2011-12-20

La reforma constitucional del artículo 24 que la Cámara de Diputados aprobó de manera precipitada el pasado jueves, en las últimas horas del periodo legislativo, más allá de su contenido, mostró claramente que los dirigentes del PRI no han aprendido mucho durante su ausencia de Los Pinos y que son capaces de traicionar sus principios, a sus militantes y a los ciudadanos y creyentes comunes, en su afán de negociar y contemporizar con una jerarquía católica siempre deseosa de más privilegios e influencia en el espacio público. Calderón debe estarse frotando las manos, pues el PRI no sólo le hizo el trabajo sucio al PAN, sino que se desprestigió con muchos de sus adeptos. La aprobación de la reforma mostró, además, que si bien a título individual una mayoría de los dirigentes del PRI puede estar a favor del Estado laico, ante instrucciones precisas que vienen de arriba, léase de Enrique Peña Nieto, doblegan su voluntad e ideales y apuran una reforma pactada en la cúpula, entre el virtual candidato de su partido y el episcopado católico.

Es bien sabido que el ex gobernador del Estado de México y los obispos de esa entidad, entre los que se encuentra Carlos Aguiar, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, antes obispo de Texcoco y ahora arzobispo de Tlalnepantla, acostumbran reunirse periódicamente. También lo es que desde hace por lo menos seis años la reivindicación principal del episcopado ha sido la reforma del artículo 24, para incluir el tan ambiguo como equívoco principio de libertad religiosa, que los obispos católicos definen como el derecho no sólo a creer en lo que se quiera creer, sino a una serie de reivindicaciones específicas, que incluyen el derecho de los padres a educar a sus hijos en la religión de su preferencia y que, según ellos, se traduciría en la obligación de que esa educación se ofrezca en la escuela pública. Y si dos más dos son cuatro, queda claro de dónde vino la instrucción para aprobar dicha reforma, sin que a Peña Nieto le preocupen las consecuencias de la misma. No tiene sentido especular si ésta se hizo para pagar una deuda por la desaseada anulación matrimonial de la hoy esposa del virtual candidato priista, si es un regalo para el papa Benedicto XVI en preparación de su anunciada visita a México en marzo próximo, o si obedece a un equivocado cálculo electoral, el cual supone que un pacto con los obispos atraerá votos al partido. Poco importan las motivaciones de Peña Nieto. De la reforma es preocupante tanto el contenido como la forma, pues muestra, insisto, que los viejos hábitos no han desaparecido en el PRI.

Tan a la vieja usanza fue esta reforma, que los legisladores no consultaron a ningún especialista reconocido en el tema ni mucho menos a los líderes de las más notorias o numéricamente relevantes agrupaciones religiosas del país. Se hizo, como antes lo hacía el PRI, en lo oscurito y en complicidad con algunos obispos católicos. De la misma manera, el procedimiento legislativo se realizó en forma apurada, evitando cualquier publicidad y pasando por encima de faltas de quórum y luego en el último minuto, a puerta cerrada y en ausencia de quienes se opondrían a la aprobación. Eso provocó entre otras cosas la toma de tribuna durante el pleno por algunos lopezobradoristas, quienes denunciaron la inminente claudicación e hicieron posible con ello que el resultado de la reforma en la Cámara fuese menos nefasto.

El grupo parlamentario del PRI, sabedor del desprestigio que esta reforma puede acarrearles, se preocupó por publicar un desplegado donde señala que México es un “Estado laico y liberal” y rechaza “tajantemente que esta reforma afecte en forma alguna nuestro régimen de libertades o los elementos esenciales que integran nuestras más nobles tradiciones y prácticas republicanas y liberales”. Conservaré el desplegado para futuros debates. Pero éste no elimina el verdadero problema de la reforma, es decir que mostró las debilidades de lo que se anuncia como un presidencialismo personalista y autoritario prefigurado en los métodos antidemocráticos y el abandono de ideales (si alguna vez los tuvo) del virtual candidato y por lo menos una parte de la dirigencia del PRI.

Pero esto no ha acabado. Todavía falta la aprobación del Senado y de la mayoría de estados de la República. Y allí es donde el PRI puede mostrar si realmente es un partido laico y liberal, o si por lo menos le importan los votos. En un desplegado publicado el pasado viernes 16, en El Universal, la iglesia La Luz del Mundo señaló de manera brillante y magistral muchos de los errores de este proceso de reforma. Resumo únicamente algunas de sus propuestas: “Que el Congreso de la Unión convoque a un debate público en el que se escuchen las voces de los actores sociales interesados en esta temática… Que el Senado culmine el trabajo que iniciara la 61 Legislatura de la Cámara de Diputados, que aprobó una reforma al artículo 40 de nuestra carta magna para elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado”. Apoyo totalmente esta propuesta e incluso sugiero que el Senado, para dar muestra de su apoyo a la laicidad del Estado, apruebe primero la reforma del artículo 40 y luego, si acaso y con algunos ajustes, la del 24.