Seguridad social en México

La encrucijada de la seguridad social
Elizabeth Tinoco*

En América Latina y el Caribe más de 70 por ciento de la población en edad de trabajar no contribuye con ningún sistema de pensión. Es un dato abrumador en una región donde las tasas de natalidad se desploman y el envejecimiento de la sociedad no tiene precedente. En este escenario, tenemos el reto de avanzar hacia un cambio de paradigmas cuando hablamos de la seguridad social del presente y del futuro.

Basta dar un rápido vistazo a la situación demográfica: las más recientes cifras de organismos especializados (CELADE) indicaban que la población de adultos mayores de 60 años ya representa 9.9 por ciento del total y será de más de 35 por ciento en 2100. En 2040, por primera vez habrá más adultos mayores que niños.

Las más recientes estimaciones de la OIT indican que solamente 27.6 por ciento de las personas entre 15 y 64 años cotizan para su pensión en la región. Esto incluye tanto aquellas personas que se consideran económicamente activas como a las que no pertenecen a la fuerza de trabajo. Pero la verdad es que todos envejecemos, y todos necesitaremos un ingreso para esquivar la pobreza a una edad avanzada.

Por otra parte, la brecha de cobertura en la protección es significativa, pues 40 por ciento de los mayores de 65 años no reciben ningún tipo de pensión. La proporción es similar para los servicios de salud de la seguridad social donde, por cierto, los adultos mayores son usuarios que demandan gran cantidad de servicios.

Además, debemos considerar que los sistemas de protección social deben apuntar a otros grupos vulnerables de la población, como enfermos y discapacitados, personas sin ingresos o desempleadas, a niños que de lo contrario son obligados a trabajar o a quienes sobreviven a un trabajador fallecido y no tienen de qué vivir.

En este contexto, la seguridad social debe ser vista como una herramienta para luchar contra la pobreza y la exclusión social.

Un primer paso para el cambio de paradigmas tiene que ver con entender que los sistemas de protección social no pueden ser vistos como gasto ni caridad, sino que representan una oportunidad de fortalecer las economías y de contribuir a un desarrollo que permita eliminar la pobreza y la desigualdad actuales.

Una región con muchas más personas mayores, la mayor parte desprotegidas, sin ingresos y, por lo tanto, en situación de pobreza, con sistemas sanitarios colapsados, no parece el retrato del futuro que queremos hoy.

La baja proporción de personas que logran contribuir una parte de sus ingresos nos indica que será imposible financiar los sistemas de seguridad social solamente con cotizaciones personales, más aún si habrá cada vez más adultos mayores y menos jóvenes.

Es indudable que, tal como ocurre en muchos países avanzados, corresponde un papel al Estado así como a la sociedad en su conjunto. Los sistemas de seguridad social basados exclusivamente en regímenes contributivos son ideales pero pertenecen al pasado, y ahora es necesario generar opciones no contributivas también.

Desde las Naciones Unidas se ha abordado el desafío de la brecha en seguridad social con una propuesta que busca maximizar la cobertura hasta hacerla universal, mediante un uso eficiente y creativo de los recursos disponibles. Se llama la iniciativa del Piso de Protección Social, y busca combinar la garantía de un ingreso básico para todas las personas con la prestación de servicios esenciales, por ejemplo en salud.

La iniciativa del Piso, que es una de las prioridades de acción para la OIT, parte de la base que si las iniciativas de protección social están bien diseñadas pueden ser financiadas con diversas fuentes de recursos pero, sobre todo, son rentables, pues contribuyen a mantener en la economía a personas que de otra forma estarían marginadas.

Durante la crisis internacional, en los países donde se sintieron efectos más moderados y donde la recuperación fue más rápida, las medidas de protección social, desde los seguros de desempleo hasta las pensiones de gracia o las transferencias condicionadas de recursos, tuvieron un efecto positivo, pues permitieron mantener la demanda y contribuyeron a la productividad laboral.

La seguridad social vista con una mirada más moderna debe considerarse como medidas de impacto multidimensional, que benefician a las personas, a las comunidades, a los lugares donde trabajan o viven y por lo tanto actúan como estabilizadores económicos.

En cierto sentido estamos en una encrucijada. Enfrentamos el dilema de parchar sistemas que no han funcionado bien nunca y que serán sobrepasados, o seguir el camino de iniciativas que contribuyan al bienestar ciudadano como base de sociedades económicamente más competitivas y socialmente más inclusivas.

Sin protección social adecuada será imposible tener sociedades de calidad capaces de plantearse con éxito la globalización.

*Directora Regional de la OIT para América Latina y el Caribe

Ley de víctimas: la primera pesadilla de Calderón
José Luis Reyna
2013-01-14

Tuvo que nacer un movimiento social, ese encabezado por Javier Sicilia, para que una herida infligida a tantos por la violencia desatada en los últimos tiempos fuera motivo de una demanda primero, una discusión legal después y, a la postre, la promulgación de una ley de víctimas. Hay que reconocer que sin el liderazgo de Sicilia las víctimas de la barbarie que ha tenido (tiene) lugar en nuestro país, esas víctimas estarían más olvidadas de lo que hasta ahora todavía están: hoy serían, como todavía lo son, una estadística fría.

En el sistema político actual, y de siempre, un movimiento social que encabece una demanda, un reclamo, una exigencia o una reivindicación que no se encuentre dentro de las entrañas institucionales suele estar destinado al fracaso. Si algo distingue a nuestro sistema político son los complejos laberintos institucionales que hay que recorrer para que algo pueda prosperar; hay que circular por los tortuosos caminos del poder: un síntoma inequívoco de un autoritarismo que no se quiere ir y que las instituciones vigentes no están dotadas todavía para diseñar los mecanismos para procesar las demandas, cualesquiera que sean éstas. Sin embargo, con La ley de víctimas se ha dado un paso hacia adelante.

Javier Sicilia, a raíz del asesinato de un hijo suyo en el muy riesgoso estado de Morelos, construyó un movimiento que tuvo a bien denominarse Por la Paz con Justicia y Dignidad. No tardó mucho en reunir a centenas de los lastimados por la “victimización” que tuvo lugar en el sexenio que recién concluyó. Hubo una razón: son muchos y, la mayoría, olvidados. El agravio abarca una ancha franja de la sociedad: muchos muertos, muchos desaparecidos, muchos secuestrados sin que la “justicia” hiciera acto de presencia en la mayoría de los casos. El reclamo es simple: justicia, que en nuestro sistema habita en un enorme vacío: la impunidad cabalga a galope y nuestra justicia a trote.

El movimiento de Sicilia está más vivo que nunca, pues la semana pasada fue promulgada la Ley General de Víctimas por el presidente Peña Nieto. No importó, como lo alegó Calderón, si la misma tiene inconsistencias legales. El punto importante es que se dio un primer paso para atenuar el grave problema que esa ley pretende atender; va en la dirección correcta. El propio Sicilia, sin embargo, advirtió que será necesario construir el andamiaje institucional para que la mencionada ley no quede, como tantas otras, en su publicación en el Diario Oficial de la Federación: el problema no está finiquitado. Y vale agregar también, como fue afirmado por el gobierno federal, que la ley es perfectible.

La ley de víctimas inicia un largo, azaroso y complejo proceso. Tiene su origen en el dolor, la pesadumbre, el agravio, la incertidumbre de las víctimas, pero, sobre todo, en la negligencia y la impunidad de aquellos que se ostentaron como autoridades: ¿dónde están los más de 20 mil desaparecidos desde 2007?, ¿cuál es su nombre?, ¿dónde buscarlos para reclamarlos? La violencia que ahoga a nuestro país abrió un tajo doliente dentro de la estructura de nuestra sociedad que no es fácilmente resarcible. Es más, la ley de víctimas no fue aceptada por Calderón, pues, de acuerdo con su argumentación, reunía un sinfín de huecos legales y constitucionales que su gobierno no podía aceptar. Habría que decir que no la aceptó porque, independientemente de esas inconsistencias, se presume que hay un hondo sentimiento de culpa del ex mandatario.

El nuevo gobierno priista asumió un riesgo cuyas dimensiones pueden ser mayúsculas: no solamente por el entramado institucional que tendrá que construirse para darle entrada a aquellos agravios relacionados con tantas víctimas. Fue tan profundo el desgarre del entramado social, tan grave la herida que se le infligió a nuestra sociedad, que pone en tela de duda si la ley mencionada pueda ser aplicada a cabalidad.

Pero la discusión no termina ahí. Es importante subrayar que de no haber sido por un movimiento que encabezó el padre de una víctima (Sicilia), tal vez todo habría quedado igual: nadie es culpable, excepto de su circunstancia. Tan hondo es el agravio que le fue asestado a una buena parte de la sociedad mexicana que el ex presidente Calderón tuvo que aceptar un diálogo con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, los candidatos presidenciales (mayo de 2012) también acudieron a una cita en plena campaña presidencial y la semana pasada, sobre la base de una promesa de campaña, hecha por Peña Nieto, la ley fue promulgada.

Peña Nieto asumió el reto ante el beneplácito de uno de sus principales promotores: Javier Sicilia y su movimiento. Se puede decir que él ha fungido como un intermediario entre las víctimas y el poder. Se puede decir también que su intento, pese a que solo se ha dado el primer paso, ha arrojado logros importantes que habrán de sistematizarse en los tiempos por venir.

Todo lo anterior nos lleva a preguntar qué tan eficiente es nuestro sistema de justicia y, más aún, nuestro entramado institucional. Si ha habido un logro desde la sociedad, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad es un buen ejemplo. Viene dese abajo. Sin vínculos con instituciones políticas. Valiéndose de su propia fuerza. Desamparado de cualquier cobijo institucional. Ese movimiento fue empujado por el afán de hacer y encontrar justicia.

Ese movimiento nos dice que las instituciones que tenemos sirven poco para la reivindicación social. Que hay que distanciarse de ese sistema institucional si se quiere logar algo. Que un movimiento social como el que se ha mencionado en estas líneas demuestre eso, implica un replanteamiento a fondo de lo que nuestro país necesita: es necesario.

Por el momento, Peña Nieto ha hecho suya una reivindicación que falta saber si podrá ser cumplida: es la incógnita. Por el momento, Sicilia ha puesto en la agenda, al margen de los partidos y de las instituciones, un punto que puede aliviar a muchos y, en su aplicación, se irá convirtiendo en una pesadilla para Calderón. Sicilia y su movimiento nos enseñan que para reivindicar una demanda es necesario construir nuevas instituciones y estrategias. Las que existen no representan a los “de abajo”.