Reforma laboral

Ocho mentiras del plan laboral de Calderón
Arturo Alcalde Justiniani

La exposición de motivos y la propaganda que se hace en favor de la iniciativa de reforma laboral presentada por Felipe Calderón contrastan severamente con la realidad y mienten a la ciudadanía. Ocho falsedades destacan por su importancia:

Se trata de una reforma estructural. La iniciativa mantiene los vicios y limitaciones del modelo vigente de relaciones de trabajo. No modifica el sistema de justicia sustentado en órganos tripartitos parciales e ineficientes, como son las juntas de Conciliación y Arbitraje. No toca el control corporativo; en todo caso, lo desplaza más al sector empresarial; no crea condiciones para mejorar el salario y fortalece las prácticas de simulación vigentes.

Favorece el crecimiento del empleo y la competitividad. No hay indicios que acrediten que la iniciativa favorezca estos fines; se oculta la evidencia de que son factores de orden económico los que influyen en la creación de empleo, como la inversión y el crecimiento económico. Las voces más especializadas en materia económica han demostrado que las afirmaciones relacionadas con este fin no tienen sustento, por el contrario, se advierte que en general la experiencia internacional de propuestas sustentadas en promover la precariedad sólo generan más pobreza, desigualdad y encono social.

Beneficia a los trabajadores. Es evidente que una subcontratación salvaje, sin factores de equilibrio, una nueva figura de contrato por hora sujeta a la discrecionalidad del patrón, un mayor control empresarial de los trabajadores y la reducción del carácter protector de la ley jamás podrán entenderse como favorables a los hombres y mujeres que trabajan.

Favorece la justicia laboral. Todo lo contrario; con la propuesta se carga sobre los hombros de los trabajadores la lentitud de los juicios por despido injustificado, incrementando la tardanza; los trabajadores quedarán en estado de indefensión al verse obligados a aceptar pagos indemnizatorios reducidos, ante el escenario de esperar seis o siete años para tener derecho a recibir, en el mejor de los casos, tan sólo un año de salarios. A pesar de que en todos los foros y espacios, incluyendo la consulta nacional convocada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para transitar hacia una reforma judicial integral, se ha venido planteando la urgencia de transformar estos órganos para contar con jueces imparciales y eficaces que, sin estar sometidos al Poder Ejecutivo, resuelvan en periodos cortos las controversias de trabajo, el Ejecutivo federal optó por soslayar esta exigencia y castiga a los trabajadores con una responsabilidad que es aplicable al Estado.

Regula la subcontratación para evitar abusos. Los términos planteados por la iniciativa legalizan los vicios existentes, convirtiendo el trabajo en mercancía desechable, privada de derechos superiores a los mínimos e imposibilita ejercer derechos colectivos que permitan negociar las condiciones de trabajo. De una manera tramposa, omite que únicamente se garantizan los derechos básicos, y al impedir su regulación, provoca que esta forma excepcional de contratación, sólo justificada para actividades complementarias o especializadas, se convierta en la regla general. También se engaña con figuras tales como la responsabilidad solidaria o una supuesta vigilancia sobre el subcontratista, ocultando que el beneficiario es el patrón, que en caso de simulación debe responder y que la vigilancia debe incluir un registro especial de subcontratistas y la participación explícita de la inspección laboral por parte del Estado.

Promueve la democracia sindical. Si bien la iniciativa hace referencia al voto secreto y a la obligación de rendir cuentas por parte de los sindicatos, es evidente que se trata de una propuesta de orden táctico para ser intercambiada por los temas que son prioritarios para el sector empresarial, como la subcontratación sin cortapisas, limitar los salarios caídos y una contratación por horas que permita omitir el pago de prestaciones y suprimir la antigüedad y la estabilidad laboral.

Resuelve la problemática de los contratos colectivos de protección patronal. Para solucionar este vicio, que abarca la inmensa mayoría de los centros de trabajo del país, que consiste en que el patrón escoge el sindicato que debe representar a sus trabajadores al firmar el contrato colectivo, el Ejecutivo federal debió proponer que los trabajadores sean consultados antes de que se firme en su nombre el instrumento que regulará las relaciones colectivas de trabajo. La iniciativa, contrario a lo señalado en la exposición de motivos, blinda y consolida los contratos de protección patronal al impedir de manera permanente que los trabajadores puedan optar por un sindicato distinto al que les señaló el patrón. Los absurdos requisitos contenidos en el artículo 899 A, imposibles de superar, representan un obstáculo insalvable, ya que además de obligarlos a delatar previamente a los trabajadores inconformes, exige que el patrón y el líder sindical hegemónico en la zona, quienes representan el voto mayoritario en la Junta de Conciliación y Arbitraje, autoricen previamente la procedencia para iniciar el juicio de titularidad contractual. Esta restricción lesionará también al sector empresarial, pues al cancelarse las vías legales para el ejercicio de la libertad de asociación, los trabajadores no tendrán más camino que la acción clandestina, contrario a las relaciones abiertas, informadas y responsables que operan en los países altamente productivos. Obstáculos similares se oponen al ejercicio del derecho de huelga, figura casi inexistente en el México actual.

Es compatible con la norma constitucional y los convenios internacionales. Varias disposiciones son claramente violatorias de estos instrumentos jurídicos de jerarquía mayor, por lo que de ser aprobadas, se provocará una fuerte batalla de orden jurídico y un crecimiento de las denuncias internacionales que en los últimos años se han promovido por las organizaciones más representativas de México y de todo el mundo, acusando al país de ser un contumaz violador de la libertad sindical y del derecho a la contratación colectiva auténtica.

Reforma laboral panista: cinco impactos más sobre la seguridad social
Gustavo Leal F.*

Además de que por el nivel de la cuota obrero-patronal resultante de la iniciativa panista, el cuadro vigente de prestaciones, pensiones y salud del IMSS e Issste no podrán ser financiadas adecuadamente, así como de los gravosos efectos de la legalización de la tercerización (outsourcing), hay aún que agregar cinco impactos más.

1. En la iniciativa, la Tabla de Enfermedades de Trabajo y la de Valuación de Incapacidades Permanentes que hoy contemplan los artículos 513 y 514 de la LFT dejan de estar incorporadas a ella para convertirlas en una clasificación meramente administrativa, donde pierden el carácter de derechos laborales básicos.

Apenas en junio de 2008, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría de Salud (Ssa), el IMSS y el Issste acordaron "modificar y actualizar" esa tabla para hacer una "más completa y equitativa identificación de las enfermedades laborales y más precisos los parámetros de evaluación de estos padecimientos".

Para ello se establecieron las siguientes reglas: incorporación de nuevos pade- cimientos que han sido sustentados por su relación con el trabajo y la afectación de la salud de los empleados; determinar de manera precisa quiénes están expuestos a afectaciones por el tipo de actividad que tienen; adicionar elementos clínicos y de laboratorio requeridos para la elaboración de diagnóstico y evaluación de enfermedades laborales y diseño de una evaluación objetiva de la capacidad residual de los trabajadores en función a su calidad de vida y aptitud para el trabajo”.

El ordenamiento propuesto por el PAN minimiza y soslaya el costo social que ya impone la dinámica de nuestro perfil de morbi-mortalidad.

2. La iniciativa contempla también la obligación de registrar a los trabajadores rurales eventuales y de temporada. Ello contrasta con la realidad del trabajo forzoso. Pues como puntualiza Roger Plant, "el problema es un círculo vicioso, que inicia por la ausencia de una legislación efectiva para sancionar la práctica, seguido por la inexistencia de recursos para enjuiciar a los culpables. No basta con que los Estados se limiten a sancionarlo como delito. Deben también subsanar los aspectos estructurales que lo favorecen, las deficiencias de las políticas públicas de desarrollo social y las fallas del mercado que lo aumentan".

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en Guerrero lo plantea con precisión: "En el fondo están un sistema económico que se basa en esquemas como el de la agroindustria y un Estado que no vigila y regula. Los empresarios hacen lo que quieren y el gobierno no se preocupa por los pobres. Hay descontrol en lo que concierne a salarios y condiciones de trabajo. Lo que publican los medios no trasciende. Ponen atención cuando hay alguna tragedia y luego queda otra vez en el olvido".

Apenas en enero de 2011, el IMSS amplió la vigencia del decreto presidencial que otorga beneficios fiscales a los trabajadores eventuales del campo y a los productores hasta el 31 de diciembre de 2012.

La iniciativa pretende "registrar": ¿para justificar el despido libre y sin costo contra los jornaleros agrícolas?

3. El ordenamiento propuesto por el PAN tampoco puede ser aprobado porque estos impactos acontecen en el cuadro de una sobrecarga de trabajo y abatimiento salarial sin par en el horizonte latinoamericano.

El mercado laboral mexicano es uno de los más flexibles, con una tasa de rotación de 70 por ciento anual. Y aunque la jornada de 40 horas ya rige en 50 países del orbe, por la iniciativa panista los trabajadores mexicanos seguirán enfrentando una de las más largas. Compárese: Chile, 45 horas, Brasil, 44. Jornada que se acompaña de períodos vacacionales más cortos y el salario mínimo más bajo: 134 dólares. Compárese nuevamente esto último: Uruguay 300, Brasil 318, Chile 372, Argentina 475.

La iniciativa potencia los efectos regresivos de esta realidad. No busca mejorarla. Eso la hace ética, técnica y políticamente del todo inviable. Sólo agrava el estado del asunto público.

4. Al tercer trimestre de 2010, la contratación a tiempo parcial en Europa ya alcanzaba 25% en Suecia, 26% en Alemania, 27% en Reino Unido y 49% (¡sí, 49%!) en Holanda. Ello pulveriza las contribuciones a la seguridad social (pensiones y salud) si se carece de los sistemas universales con que cuentan esos países. Pero no es el caso de México.

5. La iniciativa tampoco mejora el horizonte de la estabilidad laboral establecido en la ley vigente. Al contrario: impone una precarización creciente del ciclo de la vida laboral. No moderniza: precariza. Es un salto hacia atrás. Incrementa las intensidades de la jornada de trabajo con menos derechos, mínima protección social, pensiones a la baja y servicios de salud cada vez más compactados.

No construye una combinación equilibrada y moderna entre protección social y nuevo entorno laboral, que es lo que se requiere. Dinamita el arreglo del siglo XX. Pero no está en el XXI. Hunde el soporte financiero y la misión cohesiva de la salud y seguridad social de los mexicanos.

En suma: la "nueva" combinación de la propuesta panista está antes de la norma vigente ¡de 1970! Es preciso tomar todo el tiempo que sea necesario, todo, para seguir armando un modelo equilibrado de protección social en la era de la globalización y a la altura de lo que somos en el siglo XXI. Esa iniciativa no puede ser aprobada sin un ajuste de raíz.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

Mentiras, empleos y la reforma laboral
Carlos Puig
2012-09-29 • Política


¿Cómo se crea un empleo?

Es una pregunta cuya respuesta, por compleja, alude a hacedores de políticas públicas y a economistas.

Permítame simplificar: si la respuesta fuera sencilla, no habría desempleo.

Miremos a España, ni en sus momentos de mayor crecimiento económico pudo bajar su tasa de desempleo a niveles “americanos”. Y aun durante crisis económicas muy serias México no ha alcanzado las tasas españolas.

La enorme mayoría de los empleos los crea la iniciativa privada y los crea por muchas y diversas razones. En alguna proporción en directa relación con el crecimiento económico, pero también con razones propias de cada industria, de la innovación, la productividad de cada empresa, la temporalidad, la competencia, las oportunidades de intercambio con el extranjero, las nuevas tecnologías, etcétera.

El empleo y el desempleo tiene también que ver con la calidad en la oferta y la demanda. Puede ser que la demanda de ciertas habilidades no corresponda a la oferta en el mercado laboral y viceversa.

Crear un empleo en la iniciativa privada, en empresas grandes, pequeñas y medianas, es producto de la planeación estratégica de cada empresa, cada una con condiciones específicas y no me refiero solo a las finanzas. Creer que el costo de un empleo es el factor primordial o el único, es haber pasado demasiado tiempo en el gobierno, donde se crean empleos de otra manera.

Los defensores de la reforma laboral han sobrevendido dos ideas que me parecen inexactas, o de plano falsas.

Primera: que el mercado laboral mexicano es poco flexible y que esta reforma a la ley lo hace muy flexible. Y segunda, que al hacerlo más flexible nos inundaremos todos de ofertas de trabajo para todos.

En la semana le pregunté a empresarios grandes, pequeños y medianos cuántos empleos están listos para crear en caso de que se apruebe la ley. ¿Uno? ¿Diez? ¿Veinte? ¿Cincuenta? ¿Mil? Me ven con cara de: no entiendo de qué me hablas.

Les pregunté también si habían dejado de contratar a alguien que el negocio necesitaba por culpa de la Ley Federal del Trabajo. No pudieron recordar algún caso en específico.

Les pregunté si a partir de la ley pondrían a todos sus empleados en la nómina y terminarían con la contratación por “honorarios” o esa maravilla de nuestra simulación: “honorarios asimilados a salarios”, figuras en las que el trabajador no tiene protecciones sociales. Ahí sí se rieron.

Luego le pregunté al doctor en economía Ciro Murayama, profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México, y esto es lo que me contestó:

Algunos datos elocuentes:

En octubre de 2008 había 14.65 millones de trabajadores afiliados en el IMSS; en mayo de 2009 quedaban solo 13.86 millones. Es decir, en siete meses se destruyeron 696 mil empleos formales, casi cien mil por mes. Cien mil despidos al mes de trabajadores afiliados al IMSS, lo que implicó pagarles indemnización por antigüedad y demás.

Eso quiere decir que cuando la economía empezó a caer (se sabe que la contracción de ese año rondó 6% del PIB) pudo, en poco más de un semestre, reducir en 5% el número de ocupados formales en el país. Eso es un mercado hiperflexible: uno de cada 20 trabajadores formales fue despedido en siete meses, lo cual le costó mucho dinero a las empresas.

Luego, para agosto de 2010, ya había 14.59 millones de trabajadores inscritos en el IMSS; es decir, que a poco más de un semestre de iniciada la recuperación (2009 fue de caída), ya había más trabajadores formales que antes del inicio de la crisis, lo que demuestra amplia creación de empleo formal con la recuperación. La ley no fue ningún obstáculo para hacer crecer la ocupación formal. De hecho, la creación de empleo en agosto de 2010 contra octubre de 2008 fue de 5.2%.

Otro dato: de aplicar la metodología de la OIT para medir empleo informal (y no la obsoleta de INEGI, que es de 1992 y dice Eduardo Sojo que cambiarán pronto), la cifra es que seis de cada 10 trabajadores son informales. El 60% del empleo en el país es informal. Y la informalidad —no contrato, no vacaciones, no indemnización por despido, no baja maternal o por accidente, etcétera— es, en buen castellano: flexibilidad laboral perfecta.

De ahí que más de la mitad del mercado de trabajo en México sea hiperflexible, y que la parte formal no tenga problemas de rigidez: se destruye mucho empleo en la recesión y se recupera rápido en la fase expansiva.

Hasta ahí la respuesta del doctor Murayama.

Por lo que se ve, lo más triste de esta reforma laboral es que será como las reformas de los últimos lustros, poquita cosa. Ni protecciones suficientes para los trabajadores, ni transparencia necesaria en los sindicatos ni nada.

Poquito, pues. Poquito.

Reforma laboral: menos mercado interno y menos productividad
Antonio Gershenson

Esta reforma ligera que se insiste en imponer, no sólo afecta a numerosos trabajadores y trabajadoras. No sólo aumenta la miseria y afecta la regularidad del trabajo. No sólo se daña la salud de muchos. No sólo disuelve familias, por la dificultad de mantenerlas.

También daña la economía nacional. Se reduce el monto de la economía interna del país. Favorece aún más la crisis. Y también afecta la productividad: los despidos frecuentes afectan la calificación de los trabajadores.

La ignorancia de funcionarios les hace hablar de que los salarios más bajos son los de China. Pero si simplemente leemos un poco más, sabremos que ha habido en ese país huelgas con aumentos de salarios, y aumentos de los mismos decretados por regiones. Un reportaje en una revista extranjera entrevista a un empresario de habla inglesa que vive en Hong Kong, pero que tiene una fábrica en una ciudad vecina, Guangzhou. El empresario se queja de haber tenido que reducir el número de sus trabajadores, porque los salarios aumentaron en total en 20 por ciento. Y tuvo que aumentar la automatización. El periodista le preguntó que por qué no cambia su planta a India, donde los salarios son mucho más bajos. Y la respuesta fue que los trabajadores chinos producen con mucha mayor calidad, y que eso es básico para las ventas.

Aquí se está generando un proceso inverso. Y peor será con la reforma laboral. Menos mercado interno, y menos productividad. Los despidos frecuentes no sólo afectan la vida de los trabajadores, sino que la dificultan para un trabajo calificado.

Hay partes del país en las que el atraso ha llegado más. Se acaba de informar en estas páginas, en Coahuila, que hay zonas agrícolas en varios estados, en que los trabajadores no reciben prestaciones, les retienen sueldos, y hay ahí tiendas de raya, como en tiempos de Porfirio Díaz. ¿Qué tan porfiriana quieren que sea la reforma laboral?

La creciente entrega al extranjero que se ha dado en los sectores petrolero y de electrización, se anuncia como incluso mayor. Está expresamente anunciada. ¿Y la refinería? Nada. El gobierno saliente sólo a veces hablaba del asunto, y sólo hablaba. El oficialmente entrante, ni habla de eso, y resumo algunos puntos del futuro gobierno del PRI, y sus futuros funcionarios.

La entrega anunciada de Pemex:

"Peña Nieto quiere romper el monopolio de Pemex en las áreas de refinación y exploración". Está a la derecha de lo que estuvo el PRI en 2008, cuando sólo el gobierno panista plantea que las refinerías fueran de empresas transnacionales. Los votos del PRI y de la izquierda decidieron que la refinería fuera mexicana y de Pemex. El gobierno saliente dejó parada y saboteó la refinería, resultado del acuerdo de la mayoría del Congreso.

En cuanto a la exploración, hay antecedentes de entregar incluso grandes terrenos a trasnacionales de yacimientos productores de petróleo y gas, pero en estas afirmaciones de los mencionados funcionarios, no se plantean limitaciones.

El territorio de Burgos fue entregado a 7 trasnacionales para la explotación de gas. Se entregó incluso a 20 años. Se decía que la tecnología de las trasnacionales permitiría una mayor producción. Sin embargo, su producción llegó hasta sólo 1,515 mpcd (millones de pies cúbicos diarios) en 2009, y luego viene cayendo para llegar, en 2012 y hasta julio, a 1,314 mpcd, con una baja de 13 por ciento.

Funcionarios del priísmo actual –muy a la derecha de otros priístas– manifiestan que les urge entregar a empresas privadas el gas de pizarra. No sólo no les importa la importancia de tratar con cuidado esa sustancia, sino que tampoco les importa Pemex. No es de balde que varios países de Europa han frenado o de plano dejado a un lado ese tipo de gas, que derrocha agua en cantidad y otras sustancias útiles.

Y funcionarios actuales, lo hemos señalado, tienen un programa de compra masiva de gas natural a Estados Unidos, para ir relegando los bienes nacionales y generando una dependencia creciente de esta sustancia estratégica.

De modo que estos cambios que pretende este priísmo no son del gusto de los empresarios nacionales, por lo menos no de todos. A patrones que tienen visión incluso de sus intereses pero de más largo plazo, saben que estas medidas lo van a afectar o incluso a quebrar.