Privatización de la educación pública

¡Viva el clasismo!
Adolfo Sánchez Rebolledo
A veces me da la impresión de que el gobierno y algunos ciudadanos corrientes habitamos en mundos distantes y hablamos lenguajes diferentes. Y no me refiero a la pluralidad de ideas o incluso a las visiones contrapuestas inevitables, aun necesarias, propias de una sociedad diversa y democrática, sino de algo más general que nos permite o no hablar de un "proyecto" común más allá de las opiniones particulares. Pongamos por caso dos grandes asuntos de la actualidad: la educación y el empleo para los jóvenes. Es difícil no estar de acuerdo en que se trata de temas sustantivos y, además, urgentes. No hay discurso donde no se subraye que del modo en que se atienda hoy este grave problema depende nuestro futuro como nación. Sin embargo, cuando se rasca un poco en la política oficial se observa una curiosa distorsión clasista que nos impide suponer que, en efecto, estamos hablando de la misma cosa. Hasta hoy, por tradición, historia y prescriptiva constitucional, la educación se ha considerado en México como un derecho universal cuyo cumplimiento depende del Estado como representante de la sociedad en su conjunto. La ley fija las líneas generales de sus alcances y orientaciones en la Constitución, ubicándola como uno de los ejes de la construcción de la democracia, concebida como "una forma de vida". Además, se fijan las condiciones bajo las cuales es admisible, apropiado y útil que la enseñanza sea brindada por particulares. Se entiende que toda la enseñanza, aun la privada, se rige por una concepción nacional, vale decir unitaria, fundada en ciertos principios del Estado laico. Ese es su origen y su razón de ser. Sin embargo, el gobierno entiende a su manera cuál es su responsabilidad en esta delicada materia, fomentando una escisión irreparable entre la educación pública y la privada, pues al conceder a la segunda prerrogativas extraordinarias, tiende a fortalecer la idea de que su responsabilidad es la misma frente a la escuela oficial que ante la particular, aun tratándose de los recursos que permiten a una y otra cumplir con sus funciones.

Este gobierno, siguiendo la lógica del panismo histórico, cree que las escuelas privadas –desde la primaria a la universidad– son las que mejor garantizan la debida preparación de las nuevas generaciones. Pero éste, con estar muy arraigado, es un prejuicio que tal vez no existiría si a la defensa secular de la libertad de educación no se hubiera superpuesto la exigencia de admitir la enseñanza religiosa en las escuelas, como expresión de la demanda de libertad religiosa (cuya cercanía entusiasma al Vaticano). Hay, pues, motivaciones ideológicas bajo la neutralidad aparente de algunas medidas.

A quienes critican los planes clasistas y privatizadores del gobierno, éste suele responder con las grandes cifras de los planteles construidos en los años recientes, lo cual por supuesto beneficia al país, pero resulta especialmente incoherente que sea el propio Presidente quien manifieste su mayor entusiasmo por la excelencia de la oferta privada, al grado de fortalecer la idea de que ése es el camino a seguir. No puedo entender, por ejemplo, que el Presidente diga que el programa de créditos a los estudiantes de las universidades privadas "beneficiará a los alumnos que más lo necesitan, fortalecerá la economía familiar, impulsará la competitividad y contribuirá a la generación de más y mejores empleos", sin reconocer, así fuera por un prurito de exactitud, que se trata de fortalecer el negocio de la enseñanza sin atender a ningún criterio de valoración propiamente educativo. Más allá de si ese programa es un injerto artificial copiado de otras latitudes (donde está en crisis, por cierto), es inconcebible que en un país tan desigual como lo es México el Presidente invoque "a los que menos tienen" para conceder créditos que al final aumentarán las arcas de las empresas educativas y las bancarias, por supuesto. Si éste es el modelo que quiere impulsar el panismo estamos fritos: en la base, enseñanza básica entregada al sindicalismo depredador; en la cúspide, educación concebida como negocio. ¿Y el país?

No extraña que en aras de este impulso a la educación particular florezcan por todas partes sociedades mercantiles desprovistas de legitimidad académica que hacen su agosto vendiendo títulos o diplomas que no acreditan verdaderos conocimientos. Y mientras, soterrada o abiertamente, prosiguen las campañas contra la universidad pública, a la que no hay día que no se trate de desprestigiar incluso mediante burdas provocaciones. Da la impresión de que las élites se complacen en hablar de la tragedia de los ninis, del desempleo juvenil y sus secuelas sobre la fortaleza de México, pero no se hacen cargo como debieran de las cuestiones que en verdad traban la creación de empleo dignos –decentes, dice la OIT– y justamente remunerados. Todo se va en buscar salidas laterales que ayudan pero no contribuyen a las soluciones de fondo, como ocurre con el Programa Bécate, dedicado, según la cátedra presidencial, a reducir el desempleo "friccional", dando a los aspirantes durante tres meses la capacitación en la empresa, todo por cuenta del Estado. Pero el Presidente sabe que el desempleo, más allá del desorden del mercado laboral, tiene un origen estructural y sólo puede reducirse si hay crecimiento. Pero ése es, justamente, el corazón del divorcio entre la élite que manda y gobierna y el resto de la atribulada nación. Para Calderón, la solución está a la vuelta de la esquina, casi mágicamente: basta quitar el tapón que impide la aprobación de la reforma laboral, detenida en el Congreso, para iniciar una nueva era. Sí, la de la legalización del precarismo laboral como horizonte vital de la juventud. Total, en este mundo de dos pistas la igualdad es una quimera que no vale la pena invocar. ¡Viva el clasismo!

Negocios y engaños
Manuel Pérez Rocha
El editorial de La Jornada del pasado martes 10 de este mes analiza con gran acierto el mal llamado "Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior" anunciado por Felipe Calderón un día antes. El citado "programa", cabe subrayar, es un indignante conjunto de engaños. El primero está en el nombre mismo de lo anunciado, pues no es nacional y no "financia" a la "educación superior" –pues por tal se entiende al conjunto de todas las instituciones de ese nivel educativo–, sino sólo a un conjunto (ahora 18) de las selectas instituciones privadas que lo imparten.

En realidad, señala con acierto el editorial de La Jornada, se trata de un negocio bancario que beneficiará a esas instituciones educativas privadas, lucrativas, y a un conjunto de bancos, la mayor parte extranjeros (los gigantes HSBC, BBVA y Santander) y una Sofol apoyada por el Banco Mundial. Para los bancos y la Sofol no hay el menor riesgo: el "programa" está garantizado por Nacional Financiera (Nafin) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; los eventuales tropiezos serán pagados con recursos públicos; cobrarán sus intereses (10 por ciento según lo anunciado, pero en el folleto de Nafin ponen como "ejemplo indicativo" 12.5 por ciento) y el capital también está asegurado pues, para otorgar el crédito, se exige al estudiante contar con un "deudor solidario o aval con relación patrimonial" (engañosamente Calderón anunció que se eliminaba el requisito de una garantía hipotecaria); otros requisitos son que ni el estudiante ni el deudor solidario tengan "experiencia negativa en Buró de Crédito" y la contratación de un seguro de vida para el estudiante.

El director de Nafin promete a los bancos, para asegurarles clientes, que "las propias universidades harán un esfuerzo promocional con los estudiantes que quieran ingresar a su plantel mediante pláticas y material publicitario, y los bancos instalarán módulos de atención en los campus más importantes para orientar y recibir las aplicaciones (sic) correspondientes". Es necesario demandar que se hagan públicos los contratos de Nafin con los bancos, pues no queda clara la razón por la cual el gobierno destina ahora 2 mil 500 millones de pesos a este "programa", y llama la atención el entusiasmo de los bancos.

Una exigencia adicional a los estudiantes, para otorgar el crédito, es mantener como mínimo un promedio de calificaciones de ocho, lo cual implica que sea alumno regular y dedique tiempo completo a los estudios. ¿Cuántos jóvenes mexicanos podrán cumplir esas exigencias económicas y escolares? Un engaño de fondo es, pues, la afirmación de que con este programa se democratizará el acceso a la educación superior, se logrará una "sociedad mas cohesionada, más igualitaria y más solidaria" y se brindará "igualdad de oportunidades a todos los jóvenes". Este programa, se anuncia, "liberará, además, recursos para que las familias puedan destinar una mayor parte en vivienda o en ahorro para el futuro, suavizando el patrón de gasto que implica la educación". ¿Cuáles familias? Las familias privilegiadas que envían a sus hijos al Tecnológico de Monterrey –donde se anunció este programa– y otras instituciones semejantes, las cuales destinan parte de sus recursos a pagar altas colegiaturas. Aun con el crédito, los pagos están fuera del alcance de la gran mayoría de las familias mexicanas. En el folleto de Nafin se presenta un ejemplo: en el último semestre de su carrera el estudiante "beneficiado" con el crédito estaría pagando mil 875 pesos mensuales de intereses y 5 mil 555 pesos semestrales de complemento de colegiatura; los siguientes seis meses "de gracia" estaría pagando mil 875 pesos mensuales, y a partir de que consiga un empleo (en no más de seis meses) deberá efectuar 108 pagos de 2 mil 784 pesos mensuales. Resultado: por una carrera cuyo costo es 230 mil pesos acabaría pagando 371 mil 500 pesos en un plazo máximo de 10 años (sólo en colegiaturas).

El programa se estableció para ayudar a resolver los problemas de algunas de las familias de la "clase media alta" con dificultades para pagar las elevadas colegiaturas de esas instituciones lucrativas, procurar que no disminuya la clientela de éstas, garantizarles el pago de las colegiaturas con la obligación bancaria adquirida por las familias y dar una nueva oportunidad de negocios a los bancos. Nada tiene que ver con las necesidades de la juventud mexicana y la construcción de una sociedad igualitaria y democrática. El programa es expresamente elitista, están excluidos los estudiantes de las instituciones públicas y los de las privadas no incorporadas a él. Es indignante que se presenten dichos negocios como "Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior".

Con desmesura incomparable, tanto Calderón como los demás oradores en la ceremonia en la que se presentó este negocio proclamaron que con él "se elevará la productividad de nuestro país", y esto "se traduce en mayor inversión y creación de empleos", se fortalecerá "el desarrollo social de México y esto trae consigo menores tasas de delincuencia, reforzando así y complementando la estrategia de seguridad del país".

De manera reiterada, Calderón identificó a la educación privada como "la educación de calidad". Como indicador casual de dicha "calidad" está el siguiente párrafo de la intervención del rector general del Sistema Tecnológico de Monterrey en la ceremonia de presentación del "programa": "Cuando yo vi toda la oportunidad de muchachos que no tienen oportunidad, que tienen un gran liderazgo y no tienen la oportunidad de acceder a la educación, cuando empecé a darme cuenta que (sic) el Tecnológico, más de la mitad de los alumnos tienen oportunidad de tener algún tipo de beca, pero que aun así hay todavía tres cuartas partes de mexicanos que están en edad de poder estar en estudios universitarios y no tienen acceso, la gran pregunta es: ¿qué tenemos que hacer?" (literal, sin comentarios).

El mercader de la educación
José Blanco
Son tiempos de mercaderes; los neoliberales continúan con su espectáculo de chivos en cristalería.

Tal vez el actual podrido carcinoma que corroe al capitalismo haya puesto a pensar a algunos, pero son muy pocos. Los neoliberales no piensan, se alimentan, no del conocimiento del mundo, sino de un dogmatismo oscuro.

Calderón anunció el pasado 9 de enero que gobierno y particulares van a comenzar a vender educación superior, ahora sí en serio. Por lo pronto, se entregarán recursos que son de la sociedad, a 21 universidades privadas; los planteles que ya operan son: ITESM y las universidades de Monterrey, Regiomontana, Anáhuac México, Latinoamericana, Panamericana, Tecnológica, Popular Autónoma del Estado de Puebla, Jesuita de Guadalajara, Claustro de Sor Juana, Justo Sierra, Latina, Intercontinental, del Valle de Atemajac, Tangamanga y Contemporánea, y el Centro de Enseñanza Técnica y Superior (Cetys). ¿Cuál de estas empresas puede ser llamada universidad?

Resulta miserable para cualquier ciudadano informado, haber oído un exaltado y autocelebratorio discurso –uno más–, como el que pronunció Felipe Calderón en el campus del Tec de Monterrey. Fue la celebración de la ignorancia –unas más–, esta vez sobre la educación superior, un asunto absolutamente crucial para el futuro del país.

Calderón, seguramente, no debe leer mucho más que los partes de guerra, pero aún puede revisar los medios estadunidenses que mil veces repitieron esta noticia durante 2011: "Los universitarios estadunidenses se ahogan en préstamos. Uno de cada cinco estudiantes será perseguido por impago. La deuda supera 995 mil millones de dólares. Ocuppy Wall Street llama a la insumisión" (véase, por ejemplo, Volunteer.tv.com, octubre, 2010). La tensión social en el sector estudiantil en el país vecino crecerá, si no se pone remedio a este estado de cosas de obvia raíz neoliberal.

Cuando a la inconsciencia sobre la índole y alcance de las decisiones se aúna la prepotencia de actuar al margen del conocimiento, como lo ha hecho Felipe Calderón, tenemos como resultado un despropósito, una sandez.

"Lo que no comprendemos no lo poseemos", escribió con sencillez Johann W. Goethe. Ahí está Calderón, un ejemplo sobresaliente. En materia de educación, y de educación superior en particular, Calderón está en la inopia y a ésta aúna la ideología de las derechas: la educación como un servicio que el gobierno y los particulares deben vender a las familias de los estudiantes y a los estudiantes mismos. En abonos.

Calderón alardea: la tasa de interés "sólo" será de 10 por ciento. Pero si la inflación anual es de 4 por ciento, los bancos tendrán sus ganancias y las escuelas privadas también. Todo, con la garantía de los recursos públicos de Nacional Financiera. Si esto es así, una cabeza que no sea de mercader utilizaría esos recursos públicos para la educación pública coherentemente.

¿Quién le garantizará un empleo al egresado de una de esas egregias universidades, para que pueda pagar su hipoteca educativa? Alguien debe informar a Calderón que el conflicto por una educación al estilo de lo que ahora quiere, acabó por provocar un conflicto de proporciones de erupción volcánica en Chile, que lleva ya nueve meses. ¿No está enterado?

¿Cuáles "carreras" van a estudiar los estudiantes que se endeudarán con los bancos? Las de gis y pizarrón, por supuesto. Dizque derecho, contabilidad, dizque mercadotecnia, dizque cómputo, dizque sicología, etcétera. Por supuesto, Calderón ignora que en 2000 la Anuies encargó un estudio que mostró que alrededor de 50 por ciento de los egresados anuales del conjunto de las universidades no hallaban un empleo en la "carrera" que estudiaron, que ese hecho los llevaba a otro segmento de mercado con menores ingresos, desplazando aún más abajo a quienes ya ocupaban alguna plaza en este segundo segmento, y así en cadena descendente.

Sabemos que la cobertura aumentó de alrededor de 19/20 en 2000, a 30 por ciento en la actualidad, grosso modo. Puesto que no ha habido cambios estructurales en la educación superior, puede esperarse que quienes no cuentan con un puesto de trabajo en sus "carreras", debió aumentar.

¿Con qué "carreras" ocurría eso más acentuadamente? Precisamente con las que se cursan en las escuelas particulares. ¿Por qué sucedía esto? Porque los mercados de estas "carreras" estaban saturados, porque la calidad de los egresados no cubría los requerimientos de la actualidad, porque se requieren otro tipo de egresados, temas que Calderón Hinojosa desconoce.

El señalado es apenas uno de una larga lista de problemas que aquejan a la educación superior, algunos de gran complejidad, que deben ser resueltos y no expandidos con la misma educación superior de siempre, pero ahora en abonos. Es preciso superar la aglomeración que conforman hoy las universidades mexicanas; es indispensable abandonar el modelo napoleónico de su organización; es inexcusable cambiar el paradigma de enseñanza-aprendizaje: las universidades deben dejar de impartir enseñanzas y en cambio generar aprendizajes susceptibles de ser evaluados y asegurados. Es imprescindible articular la producción científica y tecnológica y la innovación con la educación superior. La economía y la sociedad del conocimiento no es una frase sino una realidad, aunque ajena a la sociedad mexicana; que lo sea también para Calderón no es sorprendente, pero muestra bajo cuántas llaves está cerrada hoy la puerta del futuro del país.