El aborto, ¿libertad de elección de las mujeres o derecho a la vida del cigoto?

¿Usted qué cree?
Roberto Blancarte
2011-09-27 • Acentos

¿Usted qué cree? ¿Que las más de 63 mil mujeres que han acudido en el Distrito Federal desde hace tres años a interrumpir su embarazo son criminales sin escrúpulos? ¿O que son personas que decidieron libremente, de acuerdo con los dictados de su conciencia y por diversas razones y circunstancias, que no tenía sentido llevar adelante un embarazo evidentemente no deseado y que la ley debía garantizarles ese derecho? ¿Usted qué cree? ¿Qué el espermatozoide tiene alma, que ésta es infundida en el momento que encuentra al óvulo, que surge cuando las conexiones neuronales están ya sólidamente establecidas, o que si el alma existe o no debe ser un asunto que cada quien decida? ¿Usted qué cree? ¿Que un cigoto (es decir la unión de un óvulo y un espermatozoide en el inicio del proceso de gestación) es una persona, a la que hay que proteger, por encima de los derechos de la mujer, así sea ésta una niña violada? ¿O cree que la persona, sobre todo la persona jurídica, con derechos (y luego obligaciones) se establece en otro momento del embarazo, cuando el embrión tiene ya una serie de características? ¿Usted qué cree? ¿Qué el derecho a la vida, que todos defendemos, debe significar que las mujeres no puedan interrumpir su embarazo bajo ninguna circunstancia; ésas en las que se encuentran las violadas, las que ya tienen hijos pero están en peligro de muerte si siguen con su embarazo, las que saben que su producto tiene malformaciones genéticas y que harán un infierno en vida para ese mismo producto y para toda la familia? ¿O usted cree que ese derecho a la vida no debe significar que otros derechos sean mermados, como el derecho de las mujeres a decidir sobre lo que sucede en sus propios cuerpos? ¿Usted qué cree? ¿Qué el derecho a la vida es absoluto? ¿O que las mujeres, bajo ciertas circunstancias (una menor de edad violada por su padre, por ejemplo) pueden matizar ese supuesto absolutizante y reclamar sus derechos? Esas y muchas otras preguntas son las que giran alrededor de lo que esta semana debatirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de dos extraordinarios proyectos presentados por el ministro Fernando Franco y mediante los cuales se decidirá acerca de la constitucionalidad o anticonstitucionalidad de las reformas aprobadas en Baja California y en San Luis Potosí.

Los proyectos en cuestión proponen declarar la inconstitucionalidad de las reformas; señalan que el derecho a la vida no es absoluto y que por lo mismo la protección a la vida prenatal tampoco puede serlo, pues implicaría desconocer y restringir los derechos de las mujeres, especialmente la libertad reproductiva (por ejemplo decidir cuándo y cuántos hijos tener), así como la salud sexual y reproductiva (por ejemplo el derecho a utilizar anticonceptivos de emergencia). Si el derecho a la vida fuese absoluto, también se tendría que restringir la fertilización en vitro, ya no digamos otras técnicas artificiales para la procreación. De hecho, en muchas de las reformas aprobadas hay un reconocimiento explícito de que el famoso “derecho a la vida” no es absoluto, pues en ellas mismas se establecen excepciones. Así, por ejemplo, el artículo 16 constitucional de San Luis Potosí señala que el Estado “reconoce la vida humana como fundamento de todos los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde el momento de su inicio en la concepción”, pero luego se agrega que “No es punible la muerte dada al producto de la concepción cuando sea consecuencia de una acción culposa de la mujer, el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación indebida, o de no provocarse el aborto la mujer corra peligro de muerte”.

Idealmente, los debates de la Suprema Corte deberían transcurrir en paz y calma. El propio ministro Franco pidió “prudencia y tolerancia”, así como “absoluto respeto” a todas las opiniones, y enfatizó que no tienen cabida “las presiones ni las agresiones de ningún tipo”. Desafortunadamente, la jerarquía católica no conoce ni de prudencia ni de tolerancia (hay que recordarla que durante siglos la Iglesia condenó la tolerancia, por permitir el error), mucho menos de absoluto respeto a las opiniones contrarias, y su juego preferido es precisamente el de las presiones. Más que trabajar por un cambio en las conciencias y dirigir su parecer a la Suprema Corte, ha estado señalando con su dedo flamígero a todos aquellos que se atrevan a defender los derechos de las mujeres y presionando por todos los medios posibles a los ministros del tribunal supremo.

La jerarquía católica puede fácilmente alcanzar su objetivo. Necesita únicamente lograr que cuatro de los 11 ministros de la Suprema Corte no avalen el dictamen. Por el contrario, para que en efecto se declare la anticonstitucionalidad de las reformas hechas en San Luis Potosí y en Baja California se requiere el apoyo de siete ministros, además de quien hizo el proyecto. No es el único elemento en juego, pero en esta decisión se podrá observar si los ministros, independientemente de sus creencias religiosas, pueden aguantar la presión de la jerarquía católica y distinguir entre sus convicciones personales y su función pública como impartidores de justicia. Veremos si se impone la verdad de algunos o la libertad de todos.

Cinco mitos sobre el aborto
Martín Bonfil Olivera

Nuevamente la interrupción legal de embarazo en primera plana, debido a la atinada propuesta de combatir reformas que blindaron las leyes de dos estados para impedir su despenalización.

Comentemos cinco persistentes mitos al respecto:

1. Quienes buscan despenalizar son “abortistas”: Falso. Nadie promueve el aborto. Sería ideal que ninguna mujer empleara este recurso extremo. Pero los abortos improvisados e insalubres que matan a cientos de mujeres cada año dejan claro que, en vez de criminalizar, urge garantizar en todo el país el derecho a interrumpir el embarazo en condiciones de salud.

2. La vida humana comienza con la fecundación. Nuevamente, falso. Cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide, ambos están ya vivos. El producto de esa unión es una célula indiferenciada, que se divide y posteriormente forma estructuras rudimentarias. El proceso toma meses; antes de las 12 semanas no existen aún las estructuras anatómicas que dan soporte a las funciones que definen a un ser humano: percepción, pensamiento, conciencia.

3. Se defienden los derechos del “no nacido”; el aborto es un asesinato. Si el embrión en las primeras semanas de desarrollo no cumple con las características mínimas para ser considerado un individuo humano, ese “no nacido” cuyos derechos supuestamente se defienden no existe… todavía. Tampoco el supuesto crimen.

4. El debate es si los derechos de la mujer son más importantes que los del embrión. No. El embrión no es un ser humano —aún—; por ende, no tiene todavía derechos. Lo que realmente se discute es si los estados pueden modificar sus leyes aun cuando contradigan la Constitución.

5. Oponerse al aborto es defender la “cultura de la vida”. Falso. No existe una “cultura de la muerte” que promueva el aborto. Existe la defensa de los derechos humanos, en este caso el de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo.

Aunque todavía haya quien no esté de acuerdo, los derechos no se deciden por mayoría, ni se negocian. Ojalá los ministros de la Suprema Corte adopten el enfoque progresista y sensato, basado en el conocimiento científico, que se espera en una sociedad democrática de la segunda década del siglo XXI.

lacienciaporgusto.blogspot.com

Víctor Sorchaga escribió:En mi opinión el aborto es un tema muy delicado, que se debe llevar con mucho cuidado y ver todas las cosas a favor y en contra de esta cuestión. Yo, en lo personal estoy de acuerdo con el aborto, que las mujeres puedan abortar y que puedan decidir, sobre su cuerpo, sobre su vida y no estar obligadas a hacer algo que no quieren, claro que esto debería ser siempre, antes de los tres meses de gestación, ya que antes de este tiempo el producto de la relación sexual apenas es un cigoto, aun no se considera como un ser vivo y en este caso no se estaría privando de la vida a nadie, pero por el contrario si ya se sobrepasan los tres primeros meses de gestación ya no se debería abortar puesto que ahora si se estaría cometiendo un delito, privando de la vida a un ser humano.

Pero en mi opinión se deben tomar medidas preventivas antes de arrepentirse, se debería dar una mejor educación sexual a todos los jóvenes para que además no se embaracen a temprana edad y así no tengan ningún riesgo de dejar los estudios ya que el tener un hijo es una gran responsabilidad, además de que todas las mujeres deben tener una decisión propia sobre su cuerpo y sobre si quieren tener hijos o no, porque hoy en día hay algunas mujeres que ya no quieren tenerlos. Tomar estas medidas sería mejor porque no tiene caso tener un hijo si no lo vas a querer o si no te vas a hacer responsable de él y en este caso tal vez ya se estarían violando otros derechos contra el bebe. Creo también que se debería dejar a un lado la ideología de todos nosotros de que las mujeres todas son madres, esa idea errónea de maternidad, uno no puede generalizar y se debería mejor dejar la decisión de cada mujer.

Ahora si nos ponemos en el lugar del gobierno, ellos deberían aprobar esta cuestión, deberían apoyar al aborto, y no tachar a una mujer como homicida por no querer tener un hijo, abortar a un cigoto que aun no es un ser vivo, no se priva de la vida a nadie.

Y la ultima que por muy poco estoy a favor es en los cansos en los cuales, la mujer sea violada, y como resultado de esto quede embarazada, pero pues este caso no estaría 100% a favor si no al 30 o 25%.

La ofensiva
Soledad Loaeza
Nuevamente se ha abierto la discusión a propósito del derecho de las mujeres a elegir qué quieren hacer con su cuerpo de ellas, y con su vida de ellas. Quienes creímos que el tema había sido superado, y que podíamos dormir en paz bajo la protección de la ley gracias a la despenalización del aborto que se votó en el Distrito Federal en 2007, perdimos de vista que "el derecho a la vida desde la concepción" es uno de los temas fuertes de la plataforma de gobierno de Felipe Calderón. Tanto así que se repite hasta tres veces en ese documento; de hecho, es el único asunto sobre el cual no hay ni dudas ni titubeos. Aparece primero como una de las creencias fundamentales de los panistas, de aquéllas que forman parte integral de su identidad; luego, se repite como uno de los compromisos de sus programas de gobierno; y, por último, se plantea como uno de los fines trascendentes del partido. De manera que no es de extrañar que el Presidente se haya involucrado en el debate que se desarrolla en este momento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo que ahora estamos viendo es un nuevo episodio de la ofensiva que iniciaron la Iglesia católica y numerosas organizaciones que de ella dependen, por ejemplo, los simpatizantes de Pro Vida están en un estado febril de actividad, desde el voto en la capital de la República, en contra de una de las disposiciones más progresistas y liberadoras de la legislación mexicana, como si quisieran avanzar su posición ahora que están en el poder, antes de la previsible derrota de 2012.

¿Previsible derrota? El apoyo que ha logrado allegarse entre los partidos el movimiento en contra de la despenalización del aborto, pretende ser un indicador del estado de la opinión en los meses previos a la elección presidencial, en relación con un tema que toca creencias y conciencias; pero ¿lo es? No vaya a ser que los señores legisladores se equivoquen. ¿Es también un indicador de la opinión en referencia a otros asuntos de la moral social sobre los que los legisladores callan porque resulta demasiado escandaloso que un gobierno dicte el largo de las faldas de las mujeres, o que prohíba que los novios se besen en la calle? Aunque bien sabemos que la oposición al derecho a decidir normalmente ha ido acompañada de medidas así de puritanas y ridículas.

Hasta ahora más de 10 estados han introducido en su legislación la precisión de que la ley protege la vida humana "desde la concepción", lo cual supone que la interrupción del embarazo queda en la ilegalidad, aun cuando sea producto de una violación o ponga en peligro la vida de la mujer. Entre los estados que están en contra del derecho a decidir de las mujeres hay algunos cuya posición sorprende porque no se han distinguido por su religiosidad: Durango, Quintana Roo, Sonora, Veracruz. En cambio, era esperable que Colima, Jalisco, Morelos, Puebla o San Luis Potosí se sumaran a la ofensiva. Pero lo que sorprende todavía más es que en casi todos los casos los legisladores han votado en mayorías aplastantes un cambio que, como lo ha señalado la ministra Olga Sánchez Cordero, "vulnera los derechos reproductivos y de la salud de las mujeres".

Revisé las listas de los legisladores que votaron en contra del derecho a decidir, y encontré que invariablemente se formó una alianza PRI-PAN, que a veces se amplió con el apoyo del Partido Nueva Alianza o del Partido Verde. Estos acuerdos legislativos son francamente inquietantes, sobre todo porque sugiere que los diputados han adoptado las posturas de la Iglesia en un asunto que no es precisamente el fuerte del Vaticano: los derechos de las mujeres. Yo me pregunto si los legisladores priístas se han puesto a pensar en las implicaciones de su voto para las tradiciones de su propio partido, que está asociado a la defensa del Estado laico y que piensa volver al poder como una organización digna del siglo XXI. Pero además, me llama la atención que puedan ponerse de acuerdo en este tema; en cambio, asuntos como las medidas para prevenir el lavado de dinero han resultado intratables. Con base en los patrones de comportamiento de los diputados, me atrevo a pensar que se han puesto de acuerdo en la noción de que la vida inicia desde la concepción porque ese tema en realidad no les importa.

En 2009 el órgano de la arquidiócesis de México, Desde la fe, llamó al Distrito Federal "ciudad homicida". El cardenal Juan Sandoval Íñiguez y el cardenal Norberto Rivera Carrera han sido enfáticos y definitivos: la Iglesia no puede callar ante lo que considera un crimen. De acuerdo. ¿Cuándo fue que hicieron la última declaración en contra de los narcotraficantes? Hasta donde entiendo ellos son bastante criminales, y sin embargo, entre las pocas cosas que se le han ocurrido hacer al arzobispo de Guadalajara es "solicitarles" que "no perturben las cosas de Dios porque se echan la sal". Un tirón de orejas me parece poca cosa para quienes en cambio las cortan, las cuelgan en el periférico, cuando no las cocinan y las entregan por DHL o en mano.

En cambio, el mismo Sandoval Íñiguez ha pronunciado la peor de las sanciones que puede dictar la Iglesia a sus creyentes: "quienes promueven y aprueban leyes a favor del aborto están fuera de la Iglesia y no deben acercarse a comulgar". Es decir, la excomunión para quienes defienden los derechos de las mujeres, o reflexionan sobre los dramáticos dilemas que a veces se le presentan a la mujer embarazada, y le ofrecen una estructura de ayuda. Es tal la desmesura de la comparación de las actitudes de los arzobispos hacia las mujeres y hacia los narcotraficantes, que me puedo imaginar que en realidad el tema tampoco les importa.

En otra cuestión, la reciente resurreción del tema del aborto tiene más relación con la política de la Iglesia Católica de querer intervenir en las políticas del Estado para imponer su visión por encima de los demás, entonces este debate tiene relación con la laicidad del Estado y la necesidad de la separación Iglesia-Estado.

Deslindar responsabilidades
Si la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una muy mala noticia para las mujeres, algunas cosas buenas se desprenden de ella. La más importante, para mi gusto, es que, gracias a las declaraciones del obispo de Mexicali, ahora queda claro, por si no lo había estado antes, que la incorporación a 17 constituciones estatales del famoso “derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural” en sólo unos cuantos meses, es producto de un plan orquestado desde el Vaticano, concertado por los miembros más conservadores del episcopado católico mexicano y puesto en práctica por gobernadores del PAN, pero también del PRI, con el amplio apoyo de sus bancadas, pero también con el de miembros de otros partidos, incluyendo algunos del PT y en por lo menos un caso (el de San Luis Potosí) con el voto de un legislador del PRD.

Don José Isidro Guerrero Macías dijo la verdad de manera tan triunfalista como honesta: que en el caso de la resolución final de la SCJN sobre Baja California había participado “el Papa”, “el gobernador”, “los gobernadores” y “el Presidente de la República”. El obispo de Mexicali mencionó incluso: “Casi perdíamos ayer [en referencia a la decisión de la SCJN], pero una llamada del Papa, no sé a quién, no me pregunten, cambió todo”. Por encima de la precisión y puntualidad, incluso de la veracidad de los hechos señalados, lo que el prelado de Mexicali mostró abiertamente, con más cinismo que ingenuidad, es la enorme conjunción de fuerzas conservadoras, articuladas por la jerarquía católica, que condujeron a reformas retrógradas en muchos estados de la República mexicana; reformas que afectan los derechos de las mujeres y las niñas, pero también los de la ciencia médica, así como los derechos sexuales de muchos ciudadanos y ciudadanas, quienes ahora estarán sujetos por un código religioso. Porque no cabe duda que con estas reformas se está violando un principio básico de la separación y del Estado laico; los ayatolas y los torquemadas le están imponiendo a todos los mexicanos y mexicanas que viven en estos estados su muy religiosa visión de la vida y de la muerte. Poco importa que uno no comparta esos códigos morales, esas visiones del mundo, esas doctrinas religiosas; la ley civil ahora obliga a todos los ciudadanos de esos estados a cumplir la norma religiosa. Y de eso no debe caber la menor duda: no se trata de una visión conservadora de la vida, compartida por la cúpula católica. Es, por el contrario, una visión religiosa, vaticana, transmitida como línea legislativa, a muchos sectores conservadores en diversos partidos políticos. Este esfuerzo conservador por introducir el mal llamado “derecho a la vida”, desde la concepción hasta la muerte natural, fue orquestado ciertamente por los miembros más prominentes del Vaticano, quienes tienen años introduciéndolo en muchos países de América Latina, pero en México sus ejecutores fueron el Presidente de la República y los gobernadores panistas y priistas de los estados en cuestión.

De la participación del presidente Calderón no hay la menor duda. Tuvo el descaro de pedir a la Cámara de Senadores retirar la Declaración Interpretativa formulada por el gobierno de México respecto del párrafo primero del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), conocida como Pacto de San José, buscando formalmente eliminar el derecho de México a prever las excepciones en su legislación en dicha materia, pero sobre todo queriendo dejar claro cuál es su posición al respecto. Con esto intervino indirectamente en el debate de la Suprema Corte, mandando un claro mensaje a los ministros de la misma respecto a su postura. Por si había alguna duda, su esposa, la presidenta del DIF, también se pronunció en el mismo sentido, al mismo tiempo que la Suprema Corte debatía el asunto. Dichas intervenciones constituyeron sendas violaciones al Estado laico mexicano, pues los funcionarios del Estado no deben convertirse en promotores de iniciativas religiosas. Su función es velar por el interés público, que es el de todos y no el parcial de algunos individuos o grupos religiosos. Es como si algún día un presidente mexicano que fuese testigo de Jehová se pusiera, acompañado por su esposa, a promover la abolición de las transfusiones de sangre. Aunque fuesen sus convicciones personales, no es su función la de introducir en la legislación federal sus creencias religiosas.

Para mí, el problema no reside en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque no nos guste el resultado de sus deliberaciones. No sólo porque la mayoría mostró argumentos lúcidos y atinados, sino porque ese no es un problema que ellos crearon. Desde mi punto de vista, a quienes hay que juzgar es a todos esos gobernadores y diputados, en su gran mayoría priistas y panistas (ayudados por unos cuantos izquierdistas del PT y hasta del PRD, como en SLP o Chiapas) que reformaron las 17 constituciones para satisfacer a la jerarquía católica. Es curioso, por ejemplo, que después de la resolución de la SCJN algunos líderes priistas se dijeron escandalizados. Sería mejor que pusieran sus mayorías a trabajar para revertir lo que hicieron en todos esos estados. La historia no ha llegado a su fin.

Justicia + aborto legal = menos delincuencia
Gabriela Rodríguez
La suma de justicia y aborto legal resulta en menor delincuencia a mediano plazo. Tal es la ecuación demostrada por John Donohue y Stephen Levitt, profesor de las universidades Yale, Stanford y Harvard, el primero, y del MIT y Chicago, el segundo. Hace cuatro años, en ocasión de la despenalización del aborto en la ciudad de México, referí los resultados de ese estudio, y pienso que hay que recordarlo ahora, ante el reciente fallo de la SCJN, con el cual se sostiene la criminalización del aborto en dos entidades del país.

Los dos economistas habían enfocado sus estudios al impacto de las políticas públicas en el empleo, la violencia y la delincuencia; sin embargo, al no encontrar una explicación satisfactoria sobre el persistente decremento del crimen en cinco entidades de Estados Unidos y ante la casi nula correlación con factores generalmente asociados, tales como los niveles de encarcelamiento, el número de policías, la tasa de empleo, el ingreso per cápita, la tasa de pobreza o estrategias específicas para mejorar el trabajo policiaco ellos se dieron a la tarea de profundizar en el análisis de otros indicadores. Cuál no sería su sorpresa al descubrir que la única variable explicativa era el acceso a servicios de aborto legal. El estudio "El impacto de la legalización del aborto en la delincuencia" fue publicado en mayo de 2001 por el Quarterly Journal of Economics, y ofrece evidencia de que la legalización del aborto contribuye significativamente a la reducción de la delincuencia. Aquí las conclusiones: en los cinco estados donde se inició desde 1969 la liberalización del aborto (Nueva York, Washington, Alaska, Hawai y California) la reducción de la delincuencia comenzó más tempranamente que en el resto. Los estados con tasas más altas de aborto en los años 70 y 80 presentan las mayores reducciones de delitos en los 90, veinte años después; en otros se registra un declive del crimen entre jóvenes que nacieron posteriormente a la legalización nacional del aborto, y que presentaron una alta incidencia de interrupción del embarazo, llevando control estadístico sobre el factor del boom económico. Entre las correlaciones importantes hay que señalar que la edad pico para la actividad criminal se ubica entre los 18 y los 24 años, que es el tiempo relativo en que empezó a declinar la delincuencia, y que se presentaron tasas desproporcionadamente altas de aborto entre madres pobres y con baja escolaridad, cuyos hijos califican con probabilidad estadística para convertirse en delincuentes, así que el estudio también enfatiza que el riesgo de criminalidad sigue siendo una de las consecuencias de la inequidad social. Los investigadores afirman: "Nosotros solamente encontramos que los niños no deseados son más propensos a cometer delitos que los que fueron deseados", y ante discusiones sobre posibles intereses ideológicos o clasistas se defienden: "No consideramos que abortar sea un buen método para prevenir el delito". El estudio concluye que la legalización de la interrupción del embarazo da cuenta de 50 por ciento de la reciente reducción de los delitos (sobre todo homicidio, robo y violencia) y que la evidencia es consistente: se reducen las tasas con un intervalo de 20 años. El aumento del encarcelamiento entre 1991 y 1997 creció 50 por ciento en este periodo, pero el crimen descendió a 10 por ciento, así que juntos, aborto y aumento del encarcelamiento explican en mucho, si no es que el total del decremento de la delincuencia. “Aunque ese descenso es un fenómeno muy positivo –señalan los autores–, el vínculo entre el aborto y el crimen no debe ser interpretado como respaldo al aborto ni como un llamado a la intervención del Estado en decisiones que sólo competen a las mujeres. Es necesario considerar que las opciones de vida de quienes nacen únicamente porque sus madres no pudieron abortar son relativamente opacadas frente a los bebés que sí fueron deseados, y cuya probabilidad de ser delincuentes es baja”.

¿Cuántos de los sicarios y miembros del crimen organizado son hijos no deseados? Probablemente muchos. Con base en la evidencia me arriesgo a proyectar: si se sostiene el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) en la ciudad de México y se lucha efectivamente contra la impunidad, en 16 años (ya van cuatro de ILE) ocurrirá un descenso de 20 por ciento de delincuentes en nuestra ciudad capital. Para que esas políticas se extiendan a todo el país hay que llevar a la Presidencia a los candidatos que han gobernado en el Distrito Federal. O seguirá ocurriendo lo contrario en el interior: se llevará a la cárcel a las mujeres que abortan en vez de a los delincuentes, seguirán naciendo más hijos no deseados y creciendo los índices de delincuencia, porque además faltó un solo voto en la SCJN para declarar la inconstitucionalidad de las leyes antiaborto de los gobiernos locales.

Por eso celebro que Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard vayan como precandidatos a la Presidencia de México. Me parece crucial que Andrés Manuel haya señalado el domingo pasado que "si no hay cambio de régimen no será posible detener el proceso de degradación progresiva que padecemos", y valoro en especial que mencionara que en la lucha contra la inseguridad, además de educación y empleo para la juventud es necesario el respaldo de las fuerzas progresistas del país.